veces también diferentes voluntades; siendo por tanto necesario que la última determinación, es decir, la regla, recaiga en alguna parte; esto recae naturalmente en la parte del hombre, por ser el más capaz y el más fuerte. Mas esto, al extenderse únicamente a las cosas de su interés y propiedad comunes, deja a la mujer en la plena y libre posesión de lo que por contrato es su derecho particular, y no le da al marido más poder sobre la vida de ella que el que ella tiene sobre la del marido; estando el poder de este tan lejos de ser el de un monarca absoluto, que la mujer tiene en muchos casos la libertad de separarse de él, cuando el derecho natural o su contrato lo permiten, ya sea que dicho contrato sea hecho por ellos mismos en el estado de naturaleza, o por las costumbres o leyes del país en que viven; y los hijos, tras dicha separación, recaen en suerte al padre o a la madre, según lo determine tal contrato.
Debido a que todos los fines del matrimonio deben alcanzarse bajo un gobierno político, así como en el estado de naturaleza, el magistrado civil no coarta el derecho ni el poder de ninguno de los cónyuges que sean naturalmente necesarios para dichos fines, a saber: la procreación y el apoyo y asistencia mutuos mientras permanezcan juntos; sino que tan solo decide cualquier controversia que pueda surgir entre el marido y la mujer al respecto. Si fuera de otro modo, y la soberanía absoluta y el poder sobre la vida y la muerte pertenecieran naturalmente al marido, y fuesen necesarios para la sociedad entre el marido y la mujer, no podría haber matrimonio en ninguno de aquellos países donde al marido no se le permite tal autoridad absoluta. Pero como los fines del matrimonio no exigen tal poder en el marido, la condición de la sociedad conyugal no se lo otorgó, al no ser en absoluto necesario para dicho estado. La sociedad conyugal podría subsistir y alcanzar sus fines sin él; es más, la comunidad de bienes y el poder sobre