Con este fin, los hombres ceden todo su poder natural a la sociedad en la que ingresan, y la comunidad deposita el poder legislativo en las manos que considera oportunas, con la confianza de que serán gobernados por leyes declaradas; de lo contrario, su paz, su tranquilidad y su propiedad seguirán estando en la misma incertidumbre que en el estado de naturaleza.
El poder absoluto y arbitrario, o el gobernar sin leyes fijas y establecidas, no pueden conciliarse con los fines de la sociedad y del gobierno; pues los hombres no abandonarían la libertad del estado de naturaleza ni se someterían a vínculos si no fuera para preservar sus vidas, sus libertades y sus haciendas, y para asegurar su paz y su tranquilidad mediante normas establecidas de derecho y de propiedad. No puede suponerse que pretendieran —si es que tuvieran el poder de hacerlo— otorgar a uno o a varios un poder absoluto y arbitrario sobre sus personas y sus bienes, y poner en manos del magistrado la fuerza necesaria para ejecutar caprichosamente su voluntad ilimitada sobre ellos. Equivaldría a colocarse en una situación peor que la del estado de naturaleza, en la cual tenían la libertad de defender su derecho frente a las agresiones de los demás y se hallaban en pie de igualdad para mantenerlo, ya fuera invadidos por un solo hombre o por muchos aliados. En cambio, al suponer que se han entregado al poder absoluto y arbitrario y a la voluntad de un legislador, se han desarmado a sí mismos y lo han armado a él para convertirse en su presa cuando le plazca; encontrándose en una situación mucho peor aquel que está expuesto al poder arbitrario de un solo hombre que tiene el mando de 100.000, que aquel que se halla expuesto al poder arbitrario de 100.000 hombres particulares; pues nadie tiene la seguridad de que la voluntad de quien ostenta tal mando sea mejor que la de los demás, aunque su fuerza sea 100.000 veces mayor.