Pero aunque todo hombre que ha entrado en sociedad civil y se ha convertido en miembro de cualquier comunidad haya renunciado por ello a su poder de castigar las ofensas contra la ley de naturaleza según su propio juicio privado; sin embargo, junto con el juicio sobre las ofensas —que ha entregado al poder legislativo en todos los casos en que puede apelar al magistrado—, ha otorgado a la comunidad el derecho de emplear su fuerza para la ejecución de los juicios de la comunidad siempre que se le requiera, los cuales son en verdad sus propios juicios, por haber sido hechos por él mismo o por su representante. Y en esto tenemos el origen del poder legislativo y ejecutivo de la sociedad civil, que consiste en juzgar, mediante leyes establecidas, hasta qué punto deben ser castigadas las ofensas cuando se cometen dentro de la comunidad; y también en determinar, mediante juicios ocasionales fundados en las circunstancias presentes del hecho, hasta qué punto deben ser repelidas las injurias provenientes del exterior; y en ambos casos, emplear toda la fuerza de todos los miembros cuando haya necesidad.
Siempre que, por consiguiente, cualquier número de hombres se unan de tal modo en una sociedad que cada uno renuncie a su poder ejecutivo de la ley de naturaleza y lo ceda a la comunidad, allí y sólo allí se da una sociedad política o civil. Y esto se realiza siempre que cualquier número de hombres, en el estado de naturaleza, entran en sociedad para constituir un solo pueblo, un solo cuerpo político, bajo un gobierno supremo; o bien cuando alguien se une e incorpora a cualquier gobierno ya establecido: porque por este acto autoriza a la sociedad, o, lo que es lo mismo, a su poder legislativo, a hacer leyes para él según lo requiera el bien público de la sociedad, para cuya ejecución se debe prestar su propia asistencia (en la medida de sus propias posibilidades).