De los fines de la sociedad política y del gobierno

obligado a asegurar la propiedad de cada uno proveyendo contra los tres defectos antes mencionados que hacían que el estado de naturaleza fuera tan inseguro e incosteable. Y así, quienquiera que ostente el poder legislativo o supremo de cualquier Estado, está obligado a gobernar mediante leyes establecidas y fijas, promulgadas y conocidas por el pueblo, y no por decretos improvisados; mediante jueces rectos e imparciales, que deben decidir las controversias según dichas leyes; y a emplear la fuerza de la comunidad en el interior únicamente para la ejecución de tales leyes, o en el exterior para prevenir o remediar las injurias extranjeras y asegurar a la comunidad contra las incursiones y las invasiones. Y todo esto dirigido a ningún otro fin que la paz, la seguridad y el bien público del pueblo.