algo estoy seguro: su política civil es tan nueva, tan peligrosa y tan destructiva tanto para los gobernantes como para el pueblo que, así como las edades pasadas nunca pudieron soportar su divulgación, cabe esperar que las venideras, liberadas de las imposiciones de estos capataces egipcios, aborrezcan la memoria de tales aduladores serviles que, mientras les convenía para sus fines, redujeron todo gobierno a la tiranía absoluta y quisieron que todos los hombres nacieran para aquello a lo que sus mezquinas almas los destinaban: la esclavitud.
Aquí, se suele hacer la pregunta común: «¿Quién será el juez de si el príncipe o el poder legislativo actúan contrariamente a su mandato?». Esto, tal vez, los hombres mal intencionados y facciosos puedan difundirlo entre el pueblo, cuando el príncipe no hace sino usar de su legítima prerrogativa.
A esto respondo: «El pueblo será el juez»; porque, ¿quién será el juez de si su apoderado o delegado actúa bien y de acuerdo con la confianza depositada en él, sino quien lo delega y, por haberlo delegado, debe conservar aún el poder para destituirlo cuando falla en su cometido?
Si esto es razonable en los casos particulares de los hombres privados, ¿por qué habría de ser de otro modo en el de mayor trascendencia, donde está en juego el bienestar de millones, y donde también el mal, si no se previene, es mayor, y el remedio muy difícil, costoso y peligroso?
Mas allá, esta pregunta («¿Quién será el juez?») no puede significar que no haya juez en absoluto; pues donde no hay judicatura en la tierra para decidir las controversias entre los hombres, Dios en el cielo es el juez.
Él solo, es verdad, es juez del derecho. Pero cada hombre es juez de sí mismo, como en todos los demás casos, también en este, respecto a si otro se ha puesto en estado de guerra con él, y si debe apelar al juez supremo, tal como hizo Jefté.