del poder legislativo consiste en representantes elegidos por el pueblo, con el paso del tiempo dicha representación se vuelve muy desigual y desproporcionada respecto a los motivos por los que fue establecida en un principio. A qué absurdos tan groseros puede conducir el seguir la costumbre cuando la razón la ha abandonado, podemos comprobarlo cuando vemos que el mero nombre de una ciudad —de la cual no quedan ni siquiera las ruinas, donde apenas se encuentra una vivienda como un aprisco, o más habitantes que un pastor— envía tantos representantes a la gran asamblea de legisladores como todo un condado numeroso en población y poderoso en riquezas. Los extranjeros se quedan atónitos ante esto, y cualquiera ha de confesar que requiere un remedio, aunque la mayoría piense que es difícil encontrar uno; porque, siendo la constitución del poder legislativo el acto original y supremo de la sociedad, anterior a todas las leyes positivas en ella y dependiente enteramente del pueblo, ningún poder inferior puede alterarla. Y por tanto el pueblo, una vez constituido el poder legislativo, al no tener —en un gobierno como del que venimos hablando— poder para actuar mientras el gobierno subsista, se considera que este inconveniente es incapaz de remedio.
Salus populi suprema lex, es sin duda una regla tan justa y fundamental que quien la sigue sinceramente no puede errar peligrosamente. Si por lo tanto el ejecutivo, que tiene el poder de convocar al legislativo, observando más la verdadera proporción que la forma de la representación, no regula según la vieja costumbre, sino según la verdadera razón, el número de miembros en todos los lugares que tienen derecho a estar distintamente representados, a lo cual ninguna parte del pueblo, por muy incorporada que esté, puede aspirar sino en proporción a la asistencia que aporta al público; no puede juzgarse que ha establecido un nuevo poder legislativo, sino que ha restaurado el viejo y verdadero, y ha