ejecutor supremo de la ley, elaborada por el poder conjunto de él y de otros; no siendo la lealtad otra cosa que una obediencia conforme a la ley, la cual, cuando él la viola, carece de derecho a la obediencia, ni puede reclamarla de otro modo que como la persona pública investida del poder de la ley; y así debe ser considerado como la imagen, fantasma o representante de la república, movido por la voluntad de la sociedad, declarada en sus leyes; y de este modo no tiene más voluntad ni más poder que el de la ley. Mas cuando abandona esta representación, esta voluntad pública, y obra según su voluntad privada, se degrada a sí mismo y no es sino un simple ciudadano privado, sin poder y sin voluntad, que no tiene derecho a la obediencia, puesto que los miembros no deben obediencia más que a la voluntad pública de la sociedad.
El poder ejecutivo, depositado en cualquier lugar que no sea una persona que tenga también parte en el legislativo, es visiblemente subordinado y responsable ante este, y puede ser cambiado y desplazado a su antojo; de modo que no es el poder ejecutivo supremo el que está exento de subordinación, sino el poder ejecutivo supremo investido en alguien que, al tener parte en el legislativo, no posee un poder legislativo superior y distinto al cual estar subordinado y rendir cuentas, más allá de aquello a lo que él mismo se una y consienta; de modo que no es más subordinado de lo que él mismo estime conveniente, lo cual uno ciertamente puede concluir que será muy poco. De los demás poderes ministeriales y subordinados en una comunidad política no necesitamos hablar, ya que están tan multiplicados con infinita variedad, en las diferentes costumbres y constituciones de las distintas comunidades, que es imposible dar cuenta particular de todos ellos. Tan solo esto, que es necesario para nuestro propósito actual, podemos señalar respecto a ellos: que ninguno de ellos tiene autoridad alguna más