sanciones conocidas adscritas a ellas para hacer cumplir su observancia. Así, la ley de naturaleza permanece como una regla eterna para todos los hombres, tanto para los legisladores como para los demás. Las reglas que dicten para las acciones de los demás hombres deben, al igual que sus propias acciones y las de los demás, ser conformes a las leyes de naturaleza, es decir, a la voluntad de Dios, de la cual esta es una declaración; y siendo la «ley fundamental de naturaleza la preservación de la humanidad», ninguna sanción humana puede ser buena o válida en contra de ella.
En segundo lugar, La autoridad legislativa o suprema no puede arrogarse el poder de gobernar mediante decretos improvisados y arbitrarios; sino que está obligada a hacer justicia y a decidir los derechos de los súbditos mediante leyes promulgadas y permanentes, y jueces autorizados y conocidos. Pues como la ley de naturaleza no está escrita y, por tanto, no se encuentra en ninguna parte sino en las mentes de los hombres, aquellos que por pasión o interés la citen o apliquen mal no pueden ser convencidos tan fácilmente de su error allí donde no hay un juez establecido; y así no sirve, como debiera, para determinar los derechos y proteger las propiedades de quienes viven bajo ella, especialmente cuando cada uno es juez, intérprete y también ejecutor de la misma, y ello en su propio caso; y quien tiene la razón de su parte, al disponer por lo general únicamente de su propia fuerza individual, no tiene la fuerza suficiente para defenderse de las injurias o para castigar a los delincuentes. Para evitar estos inconvenientes, que perturban las propiedades de los hombres en el estado de naturaleza, los hombres se unen en sociedades para poder contar con la fuerza unida de toda la sociedad que asegure y defienda sus propiedades, y para disponer de reglas fijas que las limiten, mediante las cuales cada uno pueda saber qué es lo suyo.