Es fácil concebir que, en la infancia de los gobiernos, cuando las repúblicas diferían poco de las familias en cuanto al número de personas, diferían también muy poco de ellas en cuanto al número de leyes; y siendo los gobernantes como los padres de aquellas, velando por su bien, el gobierno era casi todo él prerrogativa.
Unas pocas leyes establecidas bastaban, y la discreción y el cuidado del gobernante suplían el resto.
Pero cuando el error o la adulación persuadieron a príncipes débiles para que hicieran uso de este poder con fines privados propios, y no para el bien público, la gente se vio obligada a conseguir mediante leyes expresas que la prerrogativa quedara acotada en aquellos puntos en los que hallaba perjuicio en ella; y así la gente consideró necesarias limitaciones declaradas de la prerrogativa en casos que ellos y sus antecesores habían dejado, con la más absoluta amplitud, a la sabiduría de aquellos príncipes que no hacían otro uso de ella que el correcto; es decir, para el bien de su pueblo.
Y, por lo tanto, tienen una idea muy equivocada del gobierno quienes afirman que el pueblo ha usurpado la prerrogativa cuando logra que alguna parte de ella sea definida por leyes positivas; pues al hacerlo no han arrebatado al príncipe nada que por derecho le perteneciera, sino que únicamente declaran que aquel poder que dejaron indefinidamente en sus manos o en las de sus antepasados, para ser ejercido en su beneficio, no era algo que tuvieran la intención de otorgarle cuando este se usara de otra manera: puesto que, siendo el fin del gobierno el bien de la comunidad, cualquier modificación que en él se introduzca y tienda a dicho fin no puede constituir una usurpación contra nadie, ya que nadie en el gobierno puede tener un derecho que apunte a un fin diferente; y usurpaciones son únicamente aquellas que perjudican u obstaculizan el bien público.