Principalmente, la oficina de inteligencia es un instrumento del hombre de acción, del representante encargado de decidir, del trabajador en su labor, y si no les ayuda, al final no le ayudará a nadie. Pero en la medida en que les ayuda a comprender el entorno en el que están trabajando, hace visible lo que hacen. Y por esa misma razón se vuelven más responsables ante el público en general.
El propósito, por lo tanto, no es cargar a cada ciudadano con opiniones expertas sobre todas las cuestiones, sino alejar esa carga de él para trasladarla al administrador responsable.
Un sistema de inteligencia tiene valor, por supuesto, como fuente de información general y como control de la prensa diaria. Pero eso es secundario. Su utilidad real es como ayuda para el gobierno representativo y la administración, tanto en la política como en la industria.
La demanda de asistencia de informadores expertos en forma de contables, estadísticos, secretariados y similares no proviene del público, sino de los hombres que gestionan los asuntos públicos, que ya no pueden hacerlo basándose en la mera experiencia empírica. Es, en su origen y en su ideal, un instrumento para gestionar mejor los asuntos públicos, más que un instrumento para conocer mejor cuán mal se gestionan los asuntos públicos.
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Como ciudadano particular, como votante soberano, nadie podría intentar digerir estos documentos. Pero como parte en una disputa, como miembro de una comisión en una legislatura, como funcionario del gobierno, de la empresa o de un sindicato, como miembro de un consejo industrial, los informes sobre el asunto específico en cuestión serán cada vez más bienvenidos.