UNA RESEÑA Y CONCLUSIÓN

En el Capítulo 35, he declarado suficientemente a partir de las Escrituras que, en la República de los judíos, Dios mismo se hizo Soberano mediante un Pacto con el pueblo, el cual fue llamado por ello su Pueblo Peculiar, para distinguirlo del resto del mundo, sobre el cual Dios no reinaba por su consentimiento, sino por su propio Poder; y que en este Reino Moisés fue el Lugarteniente de Dios en la Tierra; y que era él quien les decía qué leyes decretaba Dios para su ejecución, especialmente en los castigos capitales, no considerando entonces que fuera un asunto de tan necesaria consideración como lo hallo ahora. Sabemos que, por lo general, en todas las repúblicas, la ejecución de los castigos corporales se encomendaba a los guardias u otros soldados del poder soberano, o bien se otorgaba a aquellos en quienes la escasez de medios, el desprecio por el honor y la dureza de corazón concurrían para hacerlos solicitar tal cargo. Pero entre los israelitas era una ley positiva de Dios, su Soberano, que aquel que fuera convicto de un delito capital debía morir apedreado por el pueblo, y que los testigos debían arrojar la primera piedra, y después de los testigos, el resto del pueblo. Esta era una ley que designaba quiénes debían ser los verdugos, pero no que nadie le arrojara una piedra antes de la condena y la sentencia, cuando la Congregación era Jueza. Los testigos debían ser oídos, no obstante, antes de proceder a la ejecución, a menos que el hecho hubiera sido cometido en presencia de la propia Congregación o a la vista de los jueces legítimos, pues entonces no se necesitaban otros testigos que los propios jueces. Sin embargo, al no comprenderse a fondo este modo de proceder, ha dado ocasión a una opinión peligrosa: la de que cualquier hombre puede matar a otro, en algunos casos, por un derecho de celo; como si las ejecuciones hechas sobre los malhechores en el Reino de Dios en la antigüedad no procedieran del mandato soberano, sino de la autoridad