Pero lo que la guerra ganaba por un lado en fuerza y consistencia, lo volvía a perder por el otro.
Los ejércitos eran mantenidos con fondos del tesoro, que el soberano consideraba en parte como su bolsa privada, o al menos como un recurso perteneciente al gobierno, y no al pueblo.
Las relaciones con otros estados, salvo en lo referente a unos pocos asuntos comerciales, afectaban por lo general únicamente a los intereses del tesoro o del gobierno, no a los del pueblo; al menos las ideas tendían por doquier en esa dirección.
Los gabinetes, por lo tanto, se consideraban a sí mismos como los propietarios y administradores de grandes haciendas, que procuraban incrementar continuamente sin que los arrendatarios de dichas haciendas tuviesen un interés particular en esta mejora.
El pueblo, por consiguiente, que en las invasiones tártaras lo era todo en la guerra, que en las antiguas repúblicas y en la Edad Media (si restringimos la idea a aquellos que poseían los derechos de ciudadanos) era de gran importancia, era en el siglo XVIII absolutamente nada de manera directa, conservando tan solo una influencia indirecta sobre la guerra a través de sus virtudes y defectos.
De este modo, a medida que el gobierno se separaba del pueblo y se consideraba a sí mismo como el Estado, la guerra se convirtió de un modo más exclusivo en un asunto del gobierno, el cual la llevaba a cabo por medio del dinero de sus arcas y de los vagabundos ociosos que podía reclutar en su propio país y en los vecinos.
La consecuencia de esto fue que los medios de los que el gobierno podía disponer poseían límites bastante bien definidos, que podían calcularse mutuamente tanto en su alcance como en su duración; esto despojó a la guerra de su característica más peligrosa, a saber: el esfuerzo hacia el extremo y la serie oculta de posibilidades vinculadas a él.