parroquia estaría obligada a recibirla; que no podría ser expulsada meramente por el hecho de que fuera probable que se convirtiera en una carga, sino únicamente cuando pasara a serlo de manera efectiva, y que entonces la parroquia que había concedido el certificado estaría obligada a pagar los gastos tanto de su manutención como de su traslado. Y con el objeto de ofrecer la más absoluta seguridad a la parroquia a donde fuera a residir dicho portador de certificado, se decretó además por el mismo estatuto que no adquiriría vecindad allí por ningún medio, excepto ya sea por el alquiler de un inmueble de diez libras al año, o por desempeñar por cuenta propia un cargo parroquial anual durante todo un año; y consecuentemente ni por notificación, ni por servicio, ni por aprendizaje, ni por el pago de tasas parroquiales. Asimismo, por el estatuto 1, cap. 18, de los 12 de la reina Ana, se decretó además que ni los sirvientes ni los aprendices de dicho portador de certificado adquirirían vecindad alguna en la parroquia donde residiera al amparo de tal certificado.
Hasta qué punto esta invención ha restablecido esa libre circulación de trabajo que los estatutos precedentes casi habían eliminado por completo, podemos deducirlo de la siguiente y muy juiciosa observación del doctor Burn. > «Es obvio —dice—, que existen diversas buenas razones para exigir certificados a las personas que llegan a establecerse en cualquier lugar; a saber, que las personas que residen bajo ellos no pueden adquirir vecindad ni por aprendizaje, ni por servicio, ni por dación de aviso, ni por el pago de impuestos parroquiales; que no pueden instalar ni aprendices ni sirvientes; que, si se convierten en una carga, se sabe con certeza a dónde trasladarlas, y la parroquia será pagada por el traslado y por