Por los estatutos 5 y 6 de Eduardo VI, cap. 14, se decretó que quienquiera que comprara trigo o grano con la intención de volver a venderlo sería tenido por acaparador ilícito y sufriría, por la primera falta, dos meses de prisión y la pérdida del valor del trigo; por la segunda, seis meses de prisión y la pérdida del doble de su valor; y por la tercera, sería colocado en la picota, sufriría prisión durante la voluntad del rey y perdería todos sus bienes y muebles.
La antigua política de la mayor parte de Europa no era mejor que la de Inglaterra.
Nuestros antepasados parece que se imaginaban que el pueblo compraría el grano más barato al agricultor que al mercader de grano, de quien temían que exigiría, además del precio que pagaba al agricultor, un beneficio exorbitante para sí mismo.
Intentaron, por consiguiente, anular su comercio por completo. Incluso trataron de impedir tanto como fuera posible que cualquier intermediario de cualquier clase se interpusiera entre el productor y el consumidor; y este era el sentido de las muchas restricciones que impusieron al comercio de aquellos a quienes llamaban kidders o transportistas de grano, un oficio que a nadie se le permitía ejercer sin una licencia que acreditara sus cualificaciones como hombre probo y de honrados negocios.
La autoridad de tres jueces de paz era necesaria, según el estatuto de Eduardo VI, para conceder dicha licencia. Pero incluso esta restricción se consideró más tarde insuficiente, y por un estatuto de Isabel, el privilegio de concederla se limitó a las sesiones trimestrales.
La antigua política de Europa procuró de este modo regular la agricultura, el gran comercio del campo, mediante máximas muy distintas de las que estableció respecto a las manufacturas, el gran comercio de las ciudades.