De las deudas públicas

En ese estado rudos de la sociedad que precede a la extensión del comercio y al perfeccionamiento de las manufacturas, cuando esos costosos lujos que solo el comercio y las manufacturas pueden introducir son del todo desconocidos, la persona que posee una gran renta, como he procurado demostrar en el tercer libro de esta Investigación, no puede gastar o disfrutar dicha renta de ninguna otra manera que manteniendo a casi tantas personas como esta pueda mantener.

Puede decirse que una gran renta consiste en todo momento en el dominio de una gran cantidad de las necesidades de la vida. En ese estado rudo de las cosas, por lo común se paga en una gran cantidad de dichas necesidades, en materias de alimentos sencillos y vestidos bastos, en grano y ganado, en lana y pieles sin curtir. Cuando ni el comercio ni las manufacturas proporcionan nada por lo cual el propietario pueda cambiar la mayor parte de aquellos materiales que exceden su propio consumo, no puede hacer otra cosa con el excedente que alimentar y vestir a casi tantas personas como este pueda alimentar y vestir.

Una hospitalidad en la que no hay lujo, y una generosidad en la que no hay ostentación, ocasionan, en esta situación de las cosas, los principales gastos de los ricos y los grandes. Pero estos, como asimismo he procurado demostrar en el mismo libro, son gastos mediante los cuales la gente no suele arruinarse con facilidad. No hay, tal vez, ningún placer egoísta tan frívolo cuya persecución no haya arruinado a veces incluso a hombres sensatos. La pasión por las peleas de gallos ha arruinado a muchos. Mas los casos, según creo, no son muy numerosos de personas que se hayan arruinado por una hospitalidad o liberalidad de esta clase; si bien la hospitalidad del lujo y la liberalidad de la ostentación han arruinado a muchas.

Entre nuestros antepasados feudales, el largo tiempo durante el cual las haciendas solían permanecer en la misma familia demuestra suficientemente la disposición general de la gente a vivir dentro de sus ingresos. Aunque la hospitalidad rústica, ejercida constantemente por los grandes terratenientes, pueda no parecernos en los tiempos actuales compatible con aquel orden que solemos considerar inseparablemente vinculado a una buena economía, debemos reconocer ciertamente que fueron, al menos, lo suficientemente frugales como para no gastar por lo común la totalidad de sus ingresos.

Una parte de su lana y sus pieles sin curtir tenían por lo general la oportunidad de venderla por dinero. Alguna parte de este dinero, tal vez, la gastaban en adquirir los pocos objetos de vanidad y lujo con los que las circunstancias de la época podían proveerlos; pero alguna parte de él parece que comúnmente la atesoraban. En verdad, no podían hacer otra cosa sino atesorar cualquier dinero que ahorrasen. Ejercer el comercio era deshonroso para un caballero, y prestar dinero a interés, lo cual en ese tiempo se consideraba como usura y estaba prohibido por la ley, lo habría sido aún más.

En aquellos tiempos de violencia y desorden, además, era conveniente tener a mano un tesoro de dinero, para que, en caso de verse expulsados de su propio hogar, tuviesen algo de valor conocido que llevar consigo a algún lugar seguro. La misma violencia que hacía conveniente atesorar hacía igualmente conveniente ocultar el tesoro. La frecuencia de los tesoros ocultos —o de los tesoros hallados de los cuales no se conocía dueño— demuestra suficientemente la frecuencia en aquellos tiempos tanto del atesoramiento como de la ocultación del tesoro. El tesoro oculto se consideraba entonces como un ramo importante de la renta del soberano. Todo el tesoro oculto del reino apenas constituiría hoy en día, tal vez, un ramo importante de la renta de un caballero particular de buena hacienda.

La misma disposición a ahorrar y atesorar prevalecía tanto en el soberano como en los súbditos.

Entre las naciones en las que el comercio y las manufacturas son poco conocidos, el soberano, como ya se ha observado en el cuarto libro, se encuentra en una situación que lo predispone de manera natural a la parsimonia requerida para la acumulación.

En esa situación, los gastos incluso de un soberano no pueden estar guiados por esa vanidad a la que le deleita el vistoso boato de una corte. La ignorancia de la época ofrece apenas algunas de las frioleras en las que consiste dicho boato. Los ejércitos permanentes no son necesarios entonces, de modo que los gastos incluso de un soberano, al igual que los de cualquier otro gran señor, apenas pueden emplearse en otra cosa que no sea la generosidad con sus arrendatarios y la hospitalidad con sus vasallos.

Pero la generosidad y la hospitalidad rara vez conducen a la extravagancia; aunque la vanidad casi siempre lo hace.

En consecuencia, todos los antiguos soberanos de Europa, como ya se ha señalado, tenían tesoros. Se dice que todos los jefes tártaros de los tiempos actuales tienen uno.

En un país comercial que abunda en toda clase de suntuosos lujos, el soberano, del mismo modo que casi todos los grandes propietarios de sus dominios, gasta naturalmente una gran parte de sus rentas en adquirir dichos lujos.

Su propio país y los vecinos le abastecen abundantemente de todas las chucherías costosas que componen la espléndida, pero insignificante pompa de una corte. Por amor a una pompa inferior de la misma índole, sus nobles despiden a sus vasallos, independizan a sus arrendatarios y se vuelven gradualmente tan insignificantes como la mayor parte de los ricos burgueses de sus dominios.

Las mismas pasiones frívolas que influyen en la conducta de ellos influyen en la suya. ¿Cómo puede suponerse que haya de ser él el único hombre rico en sus dominios que sea insensible a placeres de esta clase?

Si no gasta en esos placeres —cosa muy probable— una parte tan grande de sus rentas que debilite en gran manera el poder defensivo del Estado, mal puede esperarse que no gaste en ellos toda aquella porción que sobre y exceda de la necesaria para sostener dicho poder defensivo. Su gasto ordinario se iguala a su ingreso ordinario, y bien va si no lo excede con frecuencia.

Ya no cabe esperar la acumulación de tesoros y, cuando las urgencias extraordinarias exigen gastos extraordinarios, necesariamente debe pedir a sus súbditos un auxilio extraordinario. El actual y el difunto rey de Prusia son los únicos grandes príncipes de Europa que, desde la muerte de Enrique IV de Francia en 1610, se supone que han acumulado algún tesoro considerable.

La parsimonia que conduce a la acumulación se ha vuelto casi tan rara en los gobiernos republicanos como en los monárquicos.

• Las repúblicas italianas y las Provincias Unidas de los Países Bajos están todas endeudadas.
• El cantón de Berna es la única república de Europa que ha acumulado un tesoro considerable.
• Las demás repúblicas suizas no lo han hecho.

El gusto por alguna clase de pompa, al menos por los edificios espléndidos y otros adornos públicos, prevalece con frecuencia tanto en el senado, aparentemente sobrio, de una pequeña república como en la corte disipada del mayor de los reyes.

La falta de parsimonia en tiempo de paz impone la necesidad de contraer deudas en tiempo de guerra.

Cuando llega la guerra, no hay dinero en el tesoro más que el necesario para sufragar los gastos ordinarios de la estructura de paz. En la guerra, una estructura de tres o cuatro veces ese gasto se vuelve necesaria para la defensa del Estado y, en consecuencia, se requiere unos ingresos tres o cuatro veces mayores que los de la paz.

Supóngase que el soberano tuviera, lo que casi nunca tiene, los medios inmediatos para aumentar sus ingresos en proporción al aumento de su gasto, aun así el producto de los impuestos, de donde debe extraerse este incremento de ingresos, no empezará a entrar en el tesoro sino quizás diez o doce meses después de haber sido establecidos.

Pero en el momento en que la guerra comienza, o más bien en el momento en que parece probable que comience, el ejército debe ser incrementado, la flota debe ser equipada, las ciudades fortificadas deben ser colocadas en situación de defensa; ese ejército, esa flota, esas ciudades fortificadas deben ser provistas de armas, municiones y víveres. Un gasto inmediato y cuantioso debe ser incurrido en ese momento de peligro inmediato, el cual no esperará los rendimientos graduales y lentos de los nuevos impuestos. En esta exigencia, el gobierno no puede tener otro recurso que el endeudamiento.

El mismo estado comercial de la sociedad que, por la acción de causas morales, coloca de este modo al gobierno en la necesidad de pedir prestado, produce en los súbditos tanto la capacidad como la inclinación a prestar.

Si comúnmente trae consigo la necesidad de pedir prestado, trae asimismo la facilidad de hacerlo.

Un país que abunda en comerciantes y fabricantes, abunda necesariamente en un grupo de personas por cuyas manos pasan, con tanta o mayor frecuencia que la renta de un particular que vive de sus ingresos sin comercio ni negocios, no solo sus propios capitales, sino también los capitales de todos aquellos que les prestan dinero o les fían mercancías.

La renta de semejante hombre solo puede pasar regularmente por sus manos una vez al año. Pero el monto total del capital y el crédito de un comerciante, que opera en un negocio cuyas devoluciones son muy rápidas, puede pasar a veces por sus manos dos, tres o cuatro veces al año.

Un país que abunda en comerciantes y fabricantes, por lo tanto, abunda necesariamente en un conjunto de personas que tienen en todo momento el poder de adelantar, si así lo desean, una suma muy grande de dinero al gobierno. De ahí la capacidad de los súbditos de un Estado comercial para prestar.

El comercio y las manufacturas rara vez pueden florecer por mucho tiempo en ningún Estado que no disfrute de una administración de justicia regular, en el cual el pueblo no se sienta seguro en la posesión de su propiedad, en el cual la fe de los contratos no esté respaldada por la ley, y en el cual no se suponga que la autoridad del Estado se emplea regularmente para hacer cumplir el pago de las deudas por parte de todos aquellos que pueden pagar.

El comercio y las manufacturas, en resumen, rara vez pueden florecer en ningún Estado en el que no exista un cierto grado de confianza en la justicia del gobierno.

La misma confianza que inclina a los grandes comerciantes y manufactureros, en ocasiones ordinarias, a confiar su propiedad a la protección de un gobierno particular; los inclina, en ocasiones extraordinarias, a confiar a ese gobierno el uso de su propiedad.

• Al prestar dinero al gobierno, ni siquiera por un momento disminuyen su capacidad para llevar a cabo su comercio y manufacturas.
• Por el contrario, comúnmente la aumentan.

Las necesidades del Estado hacen que el gobierno en la mayoría de las ocasiones esté dispuesto a tomar prestado en condiciones extremadamente ventajosas para el prestamista. La garantía que otorga al acreedor original se hace transferible a cualquier otro acreedor y, debido a la confianza universal en la justicia del Estado, por lo general se vende en el mercado por más de lo que originalmente se pagó por ella.

El comerciante o el hombre adinerado gana dinero prestando dinero al gobierno y, en lugar de disminuir, aumenta su capital comercial. Por lo general, lo considera un favor, por lo tanto, cuando la administración le permite participar en la primera suscripción de un nuevo empréstito.

De ahí la inclinación o buena disposición de los súbditos de un Estado comercial a prestar.

El gobierno de semejante Estado es muy dado a confiar en esta capacidad y buena disposición de sus súbditos para prestarle su dinero en ocasiones extraordinarias.

Prevé la facilidad de tomar prestado y, por consiguiente, se exime del deber de ahorrar.

En un estado rudo de la sociedad no hay grandes capitales mercantiles o manufactureras.

Los individuos, que atesoran todo el dinero que pueden ahorrar y ocultan su tesoro, lo hacen por desconfianza en la justicia del gobierno, por el temor de que si se supiera que tienen un tesoro, y dónde se puede encontrar dicho tesoro, serían rápidamente saqueados.

En tal estado de cosas, pocas personas podrían, y nadie querría, prestar su dinero al gobierno en situaciones de urgencia extraordinaria.

El soberano siente que debe proveer a tales urgencias mediante el ahorro, porque prevé la absoluta imposibilidad de tomar prestado. Esta previsión incrementa aún más su disposición natural al ahorro.

El progreso de las enormes deudas que en la actualidad oprimen, y a la larga probablemente arruinarán, a todas las grandes naciones de Europa, ha sido bastante uniforme.

• Las naciones, al igual que los particulares, han comenzado generalmente a pedir prestado sobre lo que puede llamarse crédito personal, sin asignar ni hipotecar ningún fondo particular para el pago de la deuda;
• y cuando este recurso les ha fallado, han pasado a pedir prestado sobre asignaciones o hipotecas de fondos particulares.

Lo que se llama la deuda no consolidada de Gran Bretaña se contrae de la primera de esas dos maneras. Consiste en parte en una deuda que no reporta, o se supone que no reporta, ningún interés, y que se asemeja a las deudas que un particular contrae a cuenta; y en parte en una deuda que reporta intereses y que se asemeja a la que un particular contrae mediante su letra de cambio o pagaré. Las deudas que se deben, ya sea por servicios extraordinarios o por servicios no previstos o no pagados en el momento en que se realizan —parte de los extraordinarios del ejército, la marina y la artillería, los atrasos de subsidios a príncipes extranjeros, los de los salarios de los marineros, etc.— constituyen habitualmente una deuda del primer tipo. Las letras de la marina y del Exchequer, que se emiten a veces en pago de una parte de dichas deudas y a veces para otros fines, constituyen una deuda del segundo tipo; las letras del Exchequer devengan intereses desde el día en que se emiten, y las de la marina seis meses después de su emisión. El Banco de Inglaterra, ya sea descontando voluntariamente esas letras a su valor corriente, o acordando con el gobierno, por ciertas contraprestaciones, poner en circulación las letras del Exchequer, es decir, recibirlas a la par pagando el interés que resulte deberse sobre ellas, mantiene su valor y facilita su circulación, permitiendo con ello frecuentemente al gobierno contraer una deuda muy cuantiosa de esta clase. En Francia, donde no hay banco, los títulos del Estado (billets d’état) se han vendido a veces con un descuento del sesenta y del setenta por ciento. Durante la gran reacuñación en la época del rey Guillermo, cuando el Banco de Inglaterra tuvo a bien suspender sus operaciones habituales, se dice que las letras y las tallas (tallies) del Exchequer se vendieron con un descuento de entre el veinticinco y el sesenta por ciento; debido en parte, sin duda, a la supuesta inestabilidad del nuevo gobierno establecido por la Revolución, pero en parte también a la falta del apoyo del Banco de Inglaterra.

Cuando este recurso se agota, y se vuelve necesario, para recaudar dinero, ceder o hipotecar alguna rama particular de los ingresos públicos para el pago de la deuda, el gobierno lo ha hecho en distintas ocasiones de dos maneras diferentes:

• A veces ha hecho esta cesión o hipoteca solo por un período breve de tiempo, un año o unos pocos años, por ejemplo; y a veces a perpetuidad.
• En el primer caso, se suponía que el fondo era suficiente para pagar, dentro del tiempo limitado, tanto el principal como los intereses del dinero tomado en préstamo.
• En el segundo, se suponía que era suficiente para pagar solo los intereses, o una anualidad perpetua equivalente a los intereses, quedando el gobierno en libertad de redimir en cualquier momento dicha anualidad, mediante la devolución de la suma principal tomada en préstamo.

Cuando el dinero se recaudaba de la primera manera, se decía que se obtenía por anticipación; cuando se hacía de la segunda, mediante endeudamiento perpetuo o, más brevemente, mediante endeudamiento.

En Gran Bretaña, los impuestos anuales sobre la tierra y la malta se anticipan regularmente todos los años, en virtud de una cláusula de empréstito que se inserta constantemente en las leyes que los establecen.

El Banco de Inglaterra suele adelantar a un interés que, desde la Revolución, ha variado del ocho al tres por ciento, las sumas por las cuales se conceden dichos impuestos, y recibe el pago a medida que su producto va ingresando gradualmente.

Si hay un déficit, que siempre lo hay, se prevé en los presupuestos del año siguiente. La única rama considerable de la renta pública que aún permanece sin hipotecar es, por tanto, gastada regularmente antes de ser ingresada.

Semejante a un pródigo imprudente, cuyas acuciantes necesidades no le permiten esperar el cobro regular de su renta, el Estado practica constantemente el endeudamiento con sus propios factores y agentes, pagando intereses por el uso de su propio dinero.

En el reinado del rey Guillermo, y durante gran parte del de la reina Ana, antes de que nos familiarizáramos tanto como ahora con la práctica de la financiación perpetua, la mayor parte de los nuevos impuestos se establecían solo por un breve período de tiempo (por cuatro, cinco, seis o siete años solamente), y una gran parte de las asignaciones de cada año consistía en empréstitos sobre anticipaciones del producto de dichos impuestos.

Como el producto era con frecuencia insuficiente para pagar en el plazo limitado el principal y los intereses del dinero tomado en préstamo, surgían déficits, para solventar los cuales era necesario prolongar el plazo.

En 1697, mediante el $8^{\text{vo}}$ de Guillermo III c. 20, los déficit de varios impuestos se cargaron sobre lo que entonces se llamó la primera hipoteca o fondo general, consistente en una prórroga hasta el primero de agosto de 1706 de varios impuestos diferentes que habrían expirado en un plazo más breve, y cuyo producto se acumuló en un fondo general. Los déficit cargados sobre este plazo prorrogado ascendieron a 5.160.459 £ 14 s. 9¼ d.

En 1701, dichos derechos, junto con algunos otros, se prorrogaron aún más con los mismos fines hasta el primero de agosto de 1710, y se denominaron la segunda hipoteca o fondo general. Las insuficiencias asignadas al mismo ascendieron a 2.055.999 £, 7 s. y 11½ d.

En 1707, dichos derechos se prorrogaron aún más, como fondo para nuevos empréstitos, hasta el primero de agosto de 1712, y fueron denominados la tercera hipoteca o fondo general. La suma tomada en préstamo sobre este fue de 983.254 £ 11 s. 9¼ d.

En 1708, dichos derechos fueron todos (excepto el antiguo subsidio de tonelaje y libraje, del cual solo una mitad fue integrada en este fondo, y un derecho sobre la importación de lino escocés, que había sido suprimido por los artículos de la unión) prorrogados aún más, como fondo para nuevos empréstitos, hasta el primero de agosto de 1714, y fueron denominados la cuarta hipoteca o fondo general. La suma tomada en préstamo sobre este fue de 925.176 £, 9 s. y 2¼ d.

En 1709, dichos aranceles fueron todos (excepto el antiguo subsidio al tonelaje y al poundage, que ahora se excluía por completo de este fondo) prorrogados aún más con el mismo propósito hasta el primero de agosto de 1716, y se denominaron la quinta hipoteca o fondo general. La suma tomada en préstamo sobre este fue de £922.029 6 s. 0 d.

En 1710, dichos aranceles se prorrogaron nuevamente hasta el primero de agosto de 1720, y se les llamó la sexta hipoteca o fondo general. La suma tomada en préstamo sobre este fue de £1.296.552 9 s. 11¾ d.

En 1711, los mismos derechos (que en ese momento estaban así sujetos a cuatro anticipaciones diferentes), junto con varios otros, se perpetuaron y constituyeron un fondo para pagar los intereses del capital de la compañía del Mar del Sur, la cual ese año había adelantado al gobierno, para el pago de deudas y la cobertura de déficits, la suma de 9.177.967 libras esterlinas con 15 chelines y 4 peniques; el mayor préstamo que hasta entonces se había realizado jamás.

Antes de este período, el principal, hasta donde he podido observar, el único impuesto que para pagar el interés de una deuda se había impuesto a perpetuidad, fue el destinado a pagar el interés del dinero que el Banco y la Compañía de las Indias Orientales habían adelantado al gobierno, y el de lo que se esperaba que fuera adelantado, pero que nunca fue adelantado, por un proyectado banco territorial.

El fondo del banco ascendía en este momento a £3.375.027 17 s. 10½ d., por el cual se pagaba una anualidad o interés de £206.501 13 s. 5 d.

El fondo de las Indias Orientales ascendía a £3.200.000, por el cual se pagaba una anualidad o interés de £160.000; estando el fondo del banco al seis por ciento, y el fondo de las Indias Orientales al cinco por ciento de interés.

En 1715, mediante el primero de Jorge I, c. 12, los diferentes impuestos que habían sido hipotecados para el pago de la anualidad del banco, junto con varios otros que por esta ley se hicieron asimismo perpetuos, se acumularon en un fondo común llamado El Fondo Agregado (The Aggregate Fund), el cual se gravó no solo con los pagos de la anualidad del banco, sino con varias otras anualidades y cargas de distinta índole.

Este fondo fue incrementado posteriormente por el tercero de Jorge I, c. 8 y por el quinto de Jorge I, c. 3, y los diferentes derechos que entonces se le añadieron se hicieron asimismo perpetuos.

En 1717, mediante el acto del tercer año de Jorge I, c. 7, varios otros impuestos se volvieron perpetuos y se acumularon en otro fondo común, llamado El Fondo General, para el pago de ciertas anualidades, que ascendían en total a 724.849 £, 6 s. y 10½ d.

A consecuencia de aquellos diferentes actos, la mayor parte de los impuestos que antes se habían afectado tan solo por un corto plazo de años, se tornaron perpetuos como un fondo para pagar, no el capital, sino únicamente los intereses del dinero que había sido tomado a préstamo sobre ellos mediante diferentes afectaciones sucesivas.

Si nunca se hubiesen obtenido fondos más que por anticipación, el transcurso de unos pocos años habría liberado los ingresos públicos, sin ninguna otra atención por parte del gobierno que la de no sobrecargar el fondo gravándolo con más deuda de la que pudiera pagar dentro del plazo limitado, y la de no anticipar una segunda vez antes de que expirara la primera anticipación.

Pero la mayor parte de los gobiernos europeos ha sido incapaces de prestar tales atenciones. Con frecuencia han sobrecargado el fondo incluso en la primera anticipación; y cuando este no ha sido el caso, por lo general se han ocupado de sobrecargarlo al anticipar una segunda y una tercera vez antes de que expirara la primera anticipación.

Al volverse el fondo de este modo totalmente insuficiente para pagar tanto el principal como los intereses del dinero tomado en préstamo sobre él, se hizo necesario gravarlo únicamente con los intereses, o con una anualidad perpetua equivalente a los intereses, y tales anticipaciones imprudentes dieron necesariamente origen a la práctica más ruinosa de la financiación perpetua.

Pero aunque esta práctica pospone necesariamente la liberación de los ingresos públicos desde un plazo fijo hasta uno tan indefinido que es muy poco probable que llegue jamás; sin embargo, como con esta nueva práctica siempre se puede recaudar una suma mayor que con la antigua de las anticipaciones, la primera, una vez que los hombres se han familiarizado con ella, ha sido preferida universalmente a la segunda en las grandes urgencias del Estado.

Aliviar la urgencia presente es siempre el objeto que interesa principalmente a quienes participan de manera directa en la administración de los asuntos públicos. La futura liberación de los ingresos públicos la dejan al cuidado de la posteridad.

Durante el reinado de la reina Ana, el tipo de interés del mercado había bajado del seis al cinco por ciento, y en el duodécimo año de su reinado se declaró que el cinco por ciento era el tipo máximo que legalmente se podía cobrar por el dinero tomado en préstamo sobre garantía privada.

Poco después de que la mayor parte de los impuestos temporales de Gran Bretaña hubieran sido convertidos en perpetuos y distribuidos en los fondos Agregado, del Mar del Sur y General, los acreedores del público, al igual que los de las personas privadas, se vieron inducidos a aceptar el cinco por ciento por el interés de su dinero, lo que ocasionó un ahorro del uno por ciento sobre el capital de la mayor parte de las deudas que habían sido así financiadas a perpetuidad, o de una sexta parte de la mayor parte de las anualidades que se pagaban con cargo a los tres grandes fondos antes mencionados.

Este ahorro dejó un excedente considerable en el producto de los diferentes impuestos que se habían acumulado en dichos fondos, por encima y más allá de lo necesario para pagar las anualidades que ahora se cargaban sobre ellos, y sentó las bases de lo que desde entonces se ha llamado el Fondo de Amortización (Sinking Fund).

• En 1717, ascendía a 323.434 £, 7 s., 7½ d.
• En 1727, el interés de la mayor parte de las deudas públicas se redujo aún más al cuatro por ciento; y en 1753 y 1757, al tres y medio y al tres por ciento; cuyas reducciones aumentaron aún más el fondo de amortización.

Un fondo de amortización (sinking fund), aunque instituido para el pago de deudas antiguas, facilita en gran manera la contratación de otras nuevas. Es un fondo subsidiario siempre disponible para ser hipotecado en auxilio de cualquier otro fondo dudoso, sobre el cual se proponga recaudar dinero en cualquier urgencia del Estado. Si el fondo de amortización de la Gran Bretaña se ha aplicado más frecuentemente a uno o a otro de estos dos fines, se verá con suficiente claridad más adelante.

Además de esos dos métodos de empréstito, mediante anticipaciones y mediante financiación perpetua, existen otros dos métodos que ocupan una especie de lugar intermedio entre ambos. Estos son el de tomar prestado mediante anualidades por plazos de años y el de tomar prestado mediante anualidades vitalicias.

Durante los reinados del rey Guillermo y la reina Ana, se tomaron frecuentemente prestadas grandes sumas mediante anualidades por plazos de años, que a veces eran más largos y a veces más cortos.

• En 1693, se aprobó una ley para tomar en préstamo un millón mediante una anualidad del catorce por ciento, o de 140.000 libras al año, por dieciséis años.
• En 1691, se aprobó una ley para tomar en préstamo un millón mediante anualidades vitalicias, bajo condiciones que en los tiempos actuales parecerían muy ventajosas. Pero la suscripción no se completó.
• En el año siguiente, el déficit se subsanó tomando prestado mediante anualidades vitalicias al catorce por ciento, o a poco más de siete años de compra.
• En 1695, a las personas que habían adquirido dichas anualidades se les permitió cambiarlas por otras de noventa y seis años, mediante el pago al Tesoro de sesenta y tres libras por ciento; es decir, la diferencia entre el catorce por ciento vitalicio y el catorce por ciento por noventa y seis años se vendió por sesenta y tres libras, o por cuatro años y medio de compra.

Tal era la supuesta inestabilidad del gobierno que incluso estas condiciones atrajeron a pocos compradores.

En el reinado de la reina Ana, el dinero se tomó prestado en diferentes ocasiones tanto mediante anualidades vitalicias como mediante anualidades por plazos de treinta y dos, ochenta y nueve, noventa y ocho y noventa y nueve años.

En 1719, los propietarios de las anualidades a treinta y seis [sic: treinta y dos] años fueron inducidos a aceptar, en lugar de ellas, acciones de la Compañía de los Mares del Sur por un valor equivalente a once años y medio de compra de las anualidades, junto con una cantidad adicional de acciones igual a los atrasos que entonces se adeudaban sobre las mismas.

En 1720, la mayor parte de las demás anualidades por plazos de años, tanto largos como cortos, se suscribieron al mismo fondo. Las anualidades a largo plazo ascendían en ese momento a 666.821 libras, 8 chelines y 3 peniques y medio al año. El 5 de enero de 1775, el remanente de estas, o lo que no se suscribió en aquel momento, ascendía únicamente a 136.453 libras, 12 chelines y 8 peniques.

Durante las dos guerras que comenzaron en 1739 y en 1755, se pidió prestado muy poco dinero, ya sea mediante rentas vitalicias a plazo fijo o mediante rentas vitalicias propiamente dichas.

Sin embargo, una renta por noventa y ocho o noventa y nueve años vale casi tanto dinero como una perpetuidad y, por lo tanto, uno podría pensar que debería constituir un fondo para pedir prestado casi la misma cantidad. Pero aquellos que, con el fin de realizar capitulaciones matrimoniales y proveer para un futuro lejano, comparen fondos públicos, no tendrían interés en adquirir uno cuyo valor disminuyera continuamente; y tales personas constituyen una proporción muy considerable tanto de los propietarios como de los compradores de acciones.

Una renta por un plazo largo de años, por lo tanto, aunque su valor intrínseco pueda ser muy cercano al de una renta perpetua, no encontrará ni con mucho el mismo número de compradores. Los suscriptores de un nuevo empréstito, que por lo general pretenden vender su suscripción tan pronto como sea posible, prefieren en gran medida una renta perpetua redimible por el Parlamento a una renta irredemible por un largo plazo de años de igual cuantía. Se puede suponer que el valor de la primera es siempre el mismo, o muy cercano al mismo; y por ello constituye un fondo negociable más conveniente que el segundo.

Durante las dos últimas guerras mencionadas, las anualidades, ya fuera por un plazo de años o vitalicias, rara vez se concedían sino como primas a los suscriptores de un nuevo empréstito, por encima de la anualidad redimible o interés sobre cuyo crédito se suponía que se hacía dicho empréstito.

Se concedían, no como el fondo adecuado sobre el cual se tomaba prestado el dinero, sino como un estímulo adicional para el prestamista.

Las rentas vitalicias se han concedido ocasionalmente de dos maneras diferentes: ya sea sobre vidas separadas, o sobre lotes de vidas, que en francés se llaman Tontinas, por el nombre de su inventor.

Cuando las rentas vitalicias se conceden sobre vidas separadas, la muerte de cada rentista individual aligera los ingresos públicos en la medida en que estos se veían afectados por su renta.

Cuando las rentas vitalicias se conceden mediante tontinas, la liberación de los ingresos públicos no comienza hasta la muerte de todos los rentistas comprendidos en un mismo lote, que a veces puede constar de veinte o treinta personas, cuyos sobrevivientes suceden en las rentas a todos aquellos que mueren antes que ellos; y el último sobreviviente sucede en las rentas de todo el lote.

• Sobre los mismos ingresos siempre se puede recaudar más dinero mediante tontinas que mediante rentas vitalicias sobre vidas separadas.
• Una renta vitalicia, con derecho de supervivencia, vale en realidad más que una renta igual sobre una vida separada y, debido a la confianza que todo hombre tiene naturalmente en su propia buena suerte, principio en el que se funda el éxito de todas las loterías, dicha renta suele venderse por algo más de lo que vale.

En los países en los que es habitual que el gobierno obtenga dinero mediante la concesión de rentas vitalicias, las tontinas se prefieren por este motivo general a las rentas sobre vidas separadas. El expediente que recauda más dinero casi siempre se prefiere a aquel que probablemente logre de la manera más rápida la liberación de los ingresos públicos.

En Francia, una proporción mucho mayor de las deudas públicas consiste en rentas vitalicias que en Inglaterra.

Según una memoria presentada por el parlamento de Burdeos al rey en 1764, la deuda pública total de Francia se estima en dos mil cuatrocientos millones de libras; de los cuales se supone que el capital por el cual se han concedido rentas vitalicias asciende a trescientos millones, la octava parte de toda la deuda pública.

Las rentas mismas se calcula que ascienden a treinta millones al año, la cuarta parte de ciento veinte millones, el interés supuesto de toda esa deuda.

Estas estimaciones, bien lo sé, no son exactas, pero habiendo sido presentadas por un cuerpo tan respetable como aproximaciones a la verdad, pueden, a mi entender, ser consideradas como tales.

No es el diferente grado de inquietud en los dos gobiernos de Francia e Inglaterra por la liberación de la hacienda pública lo que ocasiona esta diferencia en sus respectivos modos de endeudarse. Emana por completo de las diferentes perspectivas e intereses de los prestamistas.

En Inglaterra, estando la sede del gobierno en la mayor ciudad mercantil del mundo, los comerciantes son por lo general quienes adelantan dinero al gobierno.

Al adelantarlo no pretenden disminuir, sino, por el contrario, aumentar sus capitales mercantiles; y a menos que esperasen vender con cierta ganancia su parte en la suscripción de un nuevo empréstito, jamás se suscribirían.

Pero si al adelantar su dinero comprasen, en lugar de rentas perpetuas, rentas vitalicias únicamente, ya sean las suyas propias o las de otras personas, no siempre tendrían tanta probabilidad de venderlas con ganancia.

• Las rentas sobre sus propias vidas siempre las venderían con pérdida; porque nadie dará por una renta sobre la vida de otra persona, cuya edad y estado de salud sean casi los mismos que los suyos, el mismo precio que daría por una sobre la suya propia.
• Una renta sobre la vida de un tercero, sin duda, tiene un valor igual para el comprador y para el vendedor; pero su valor real comienza a disminuir desde el momento en que se concede, y sigue haciéndolo cada vez más mientras subsiste.

Por lo tanto, nunca puede constituir un fondo transferible tan conveniente como una renta perpetua, cuyo valor real puede suponerse siempre el mismo, o muy próximo al mismo.

En Francia, al no estar la sede del gobierno en una gran ciudad mercantil, los comerciantes no constituyen una proporción tan grande de las personas que adelantan dinero al gobierno.

Las personas relacionadas con las finanzas, los arrendatarios generales, los recaudadores de los impuestos que no están arrendados, los banqueros de la corte, etc., constituyen la mayor parte de quienes adelantan su dinero en todas las urgencias públicas.

Tales personas son comúnmente de nacimiento humilde, pero de gran riqueza y, con frecuencia, de gran orgullo. Son demasiado orgullosos para casarse con sus iguales, y las mujeres de la nobleza desdeñan casarse con ellos. Por consiguiente, con frecuencia deciden vivir solteros y, al no tener familia propia ni gran consideración por la de sus parientes, a quienes no siempre les gusta mucho reconocer, solo desean vivir con esplendor durante su propia vida, y no les disgusta que su fortuna termine con ellos.

El número de personas ricas, además, que o son reacias al casarse, o cuya condición de vida hace que les sea impropio o inconveniente hacerlo, es mucho mayor en Francia que en Inglaterra.

Para esas personas, que se preocupan poco o nada por la posteridad, nada puede ser más conveniente que cambiar su capital por una renta que ha de durar exactamente tanto tiempo, y no más, como ellos desean que dure.

Siendo el gasto ordinario de la mayor parte de los gobiernos modernos en tiempo de paz igual o casi igual a su ingreso ordinario, al estallar la guerra, no quieren ni pueden aumentar sus ingresos en proporción al incremento de sus gastos.

No quieren, por miedo a ofender al pueblo, que con un aumento de impuestos tan grande y repentino pronto aborrecería la guerra; y no pueden, por no saber bien qué impuestos serían suficientes para producir el ingreso deseado. La facilidad para pedir prestado los libra del apuro que este miedo e incapacidad ocasionarían de otro modo.

Por medio de préstamos se les permite, con un aumento muy moderado de impuestos, recaudar, año tras año, el dinero suficiente para llevar a cabo la guerra, y mediante la práctica de la financiación perpetua se les permite, con el menor aumento posible de impuestos, recaudar anualmente la mayor suma posible de dinero.

En los grandes imperios, las personas que viven en la capital y en las provincias alejadas del escenario de los acontecimientos sienten, muchas de ellas, apenas inconveniente alguno por la guerra; sino que disfrutan, a sus anchas, del entretenimiento de leer en los periódicos las hazañas de sus propias flotas y ejércitos.

Para ellos, este entretenimiento compensa la pequeña diferencia entre los impuestos que pagan a causa de la guerra y aquellos que estaban acostumbrados a pagar en tiempo de paz. Comúnmente se sienten descontentos con el regreso de la paz, que pone fin a su entretenimiento y a mil esperanzas ilusorias de conquista y gloria nacional, derivadas de una mayor prolongación de la guerra.

El retorno de la paz, en verdad, rara vez los alivia de la mayor parte de los impuestos impuestos durante la guerra. Estos están hipotecados para el pago de los intereses de la deuda contraída con el fin de llevarla a cabo.

Si, además de pagar los intereses de esta deuda y sufragar los gastos ordinarios del gobierno, los ingresos antiguos, junto con los nuevos impuestos, producen algún excedente de ingresos, este tal vez pueda convertirse en un fondo de amortización para liquidar la deuda.

Pero, en primer lugar, este fondo de amortización, aun suponiendo que no se destinara a ningún otro propósito, suele ser totalmente inadecuado para pagar, en el transcurso de cualquier período durante el cual se pueda esperar razonablemente que continúe la paz, toda la deuda contraída durante la guerra; y, en segundo lugar, este fondo casi siempre se destina a otros fines.

Los nuevos impuestos se impusieron con el único propósito de pagar los intereses del dinero tomado a préstamo sobre ellos. Si producen más, por lo general es algo que ni se pretendía ni se esperaba, por lo que rara vez resulta muy considerable.

Los fondos de amortización han surgido por lo general, no tanto de cualquier excedente de los impuestos que estuviera por encima de lo necesario para pagar los intereses o la anualidad originalmente gravados sobre ellos, como de una reducción posterior de dichos intereses.

• El de Holanda en 1655, y el del Estado eclesiástico en 1685, se formaron ambos de esta manera.

De ahí la habitual insuficiencia de tales fondos.

Durante la paz más profunda, ocurren diversos acontecimientos que exigen un gasto extraordinario, y al gobierno siempre le resulta más conveniente sufragar este gasto aplicando mal el fondo de amortización que imponiendo un nuevo impuesto.

Cada nuevo impuesto es sentido de inmediato, en mayor o menor medida, por el pueblo. Siempre ocasiona algún murmullo y encuentra cierta oposición. Cuanto más se hayan multiplicado los impuestos, cuanto más se hayan elevado sobre cada objeto imponible distinto; cuanto más ruidosamente se queje el pueblo de cada nuevo impuesto, más difícil se vuelve también encontrar nuevos objetos de imposición o elevar mucho más los impuestos ya establecidos sobre los antiguos.

Una suspensión momentánea del pago de la deuda no es sentida de inmediato por el pueblo, y no ocasiona ni murmullo ni queja. Tomar prestado del fondo de amortización es siempre un expediente obvio y fácil para salir de la dificultad actual.

Cuanto más se hayan acumulado las deudas públicas, más necesario se habrá vuelto esforzarse por reducirlas, más peligroso y más ruinoso puede ser aplicar mal cualquier parte del fondo de amortización; y cuanto menos probable sea que la deuda pública se reduzca en un grado considerable, más probable y más seguro será que el fondo de amortización sea mal utilizado para sufragar todos los gastos extraordinarios que ocurren en tiempos de paz.

Cuando una nación ya está agobiada por los impuestos, nada más que las necesidades de una nueva guerra, nada más que la animosidad de la venganza nacional o la ansiedad por la seguridad nacional, puede inducir al pueblo a someterse, con una paciencia tolerable, a un nuevo impuesto. De ahí la habitual mala aplicación del fondo de amortización.

En la Gran Bretaña, desde el momento en que recurrimos por primera vez al ruinoso expediente de la financiación perpetua, la reducción de la deuda pública en tiempos de paz jamás ha guardado proporción alguna con su acumulación en tiempos de guerra.

Fue en la guerra que comenzó en 1688 y concluyó con el tratado de Ryswick en 1697 donde se sentaron por primera vez los cimientos de la actual y enrome deuda de la Gran Bretaña.

El 31 de diciembre de 1697, la deuda pública de la Gran Bretaña, consolidada y no consolidada, ascendía a 21.515.742 £ 13 s. 8½ d.

Una gran parte de esas deudas había sido contraída mediante anticipos a corto plazo, y otra parte mediante rentas vitalicias; de modo que antes del 31 de diciembre de 1701, en menos de cuatro años, se había amortizado en parte, y en parte revertido al público, la suma de 5.121.041 £ 12 s. 0¾ d.; una reducción de la deuda pública mayor que la que se ha vuelto a lograr desde entonces en un período de tiempo tan corto.

La deuda restante, por lo tanto, ascendía únicamente a 16.394.701 £ 1 s. 7¼ d.

En la guerra que comenzó en 1702, y que concluyó con el tratado de Utrecht, las deudas públicas se acumularon aún más.

El 31 de diciembre de 1714, ascendían a £53,681,076 5 s. ⁶¹⁄₁₂ d.

La suscripción al fondo de la compañía del Mar del Sur de las anualidades cortas y largas aumentó el capital de las deudas públicas, de modo que el 31 de diciembre de 1722 ascendía a £55,282,978 1 s. 3⅚ d.

La reducción de la deuda comenzó en 1723 y avanzó tan lentamente que, el 31 de diciembre de 1739, durante diecisiete años de profunda paz, la suma total amortizada no fue mayor de £8,328,354 17 s. ¹¹³⁄₁₂ d., ascendiendo el capital de la deuda pública en ese momento a £46,954,623 3 s. ⁴⁷⁄₁₂ d.

La guerra de España, que comenzó en 1739, y la guerra de Francia, que pronto le siguió, ocasionaron un nuevo incremento de la deuda, la cual, el 31 de diciembre de 1748, tras haber concluido la guerra con el tratado de Aquisgrán, ascendía a £78.293.313 1 s. 10¾ d.

La paz más profunda de diecisiete años de duración le había restado no más de £8.328.354 17 s. ¹¹³⁄₁₂ d. Una guerra de menos de nueve años de duración le añadió £31.338.689 18 s. 6⅙ d.

Durante la administración del señor Pelham, el interés de la deuda pública se redujo, o al menos se tomaron medidas para reducirlo, del cuatro al tres por ciento; el fondo de amortización aumentó y se pagó una parte de la deuda pública. En 1755, antes de estallar la última guerra, la deuda consolidada de Gran Bretaña ascendía a 72.289.673 £. El 5 de enero de 1763, al concluir la paz, la deuda consolidada ascendía a 122.603.336 £ 8 s. 2¼ d. La deuda no consolidada se ha cifrado en 13.927.589 £ 2 s. 2 d. Pero los gastos ocasionados por la guerra no terminaron con la conclusión de la paz; de modo que, aunque el 5 de enero de 1764 la deuda consolidada aumentó (en parte mediante un nuevo empréstito y en parte consolidando una parte de la deuda no consolidada) a 129.586.789 £ 10 s. 1¾ d., aún quedaba (según el muy bien informado autor de las Considerations on the trade and finances of Great Britain) una deuda no consolidada que fue contabilizada en ese año y en el siguiente por valor de 9.975.017 £ 12 s. ²¹⁵⁄₄₄ d. En 1764, por lo tanto, la deuda pública de Gran Bretaña, entre consolidada y no consolidada, ascendía, según este autor, a 139.561.807 £ 2 s. 4 d. Las rentas vitalicias también, que se habían concedido como primas a los suscriptores de los nuevos empréstitos en 1757, calculadas a catorce años de compra, se valoraron en 472.500 £; y las rentas a largo plazo, concedidas asimismo como primas en 1761 y 1762, calculadas a 27½ años de compra, se valoraron en 6.826.875 £. Durante una paz de unos siete años de duración, la prudente y verdaderamente patriótica administración del señor Pelham no fue capaz de amortizar una deuda antigua de seis millones. Durante una guerra de casi la misma duración, se contrajo una nueva deuda de más de setenta y cinco millones.

El 5 de enero de 1775, la deuda consolidada de Gran Bretaña ascendía a 124.996.086 £ 1 s. 6¼ d. La no consolidada, excluyendo una gran deuda de la lista civil, a 4.150.236 £ 3 s. 11⅞ d. Ambas juntas, a 129.146.322 £ 5 s. 6 d. Según esta cuenta, el total de la deuda amortizada durante once años de profunda paz ascendió únicamente a 10.415.474 £ 16 s. 9⅞ d. Sin embargo, ni siquiera esta pequeña reducción de la deuda se ha logrado en su totalidad a partir del ahorro de los ingresos ordinarios del Estado. Varias sumas extraordinarias, totalmente independientes de dichos ingresos ordinarios, han contribuido a ello. Entre ellas podemos contar un chelín adicional por libra en el impuesto sobre la tierra (land tax) durante tres años; los dos millones recibidos de la Compañía de las Indias Orientales como indemnización por sus adquisiciones territoriales, y los ciento diez mil libras recibidos del Banco por la renovación de su carta fundacional. A estas hay que añadir varias otras sumas que, dado que surgieron de la última guerra, tal vez debieran considerarse como deducciones de los gastos de esta. Las principales son:

Si añadimos a esta suma el saldo de las cuentas del conde de Chatham y del señor Calcraft, y otros ahorros militares de la misma índole, junto con lo recibido del banco, de la Compañía de las Indias Orientales y del chelín adicional por libra en el impuesto sobre la tierra, el total debe de ser bastante superior a cinco millones.

La deuda, por tanto, que desde la paz se ha pagado con los ahorros de los ingresos ordinarios del Estado, no ha ascendido, año tras año, a medio millón al año.

El fondo de amortización se ha incrementado considerablemente, sin duda, desde la paz, debido a la deuda que se ha saldado, a la reducción de los títulos redimibles al cuatro por ciento que pasaron al tres por ciento, y a las rentas vitalicias que han vencido; y, de continuar la paz, tal vez se podría destinar ahora un millón anual de dicho fondo a la amortización de la deuda.

En consecuencia, se pagó otro millón en el transcurso del año pasado; pero, al mismo tiempo, quedó sin pagar una gran deuda de la lista civil, y ahora nos encontramos envueltos en una nueva guerra que, a medida que avance, puede resultar tan costosa como cualquiera de nuestras guerras anteriores. La nueva deuda que probablemente se contraiga antes de que termine la campaña siguiente quizás sea casi igual a toda la antigua deuda que se ha amortizado con los ahorros de los ingresos ordinarios del Estado.

Sería, por lo tanto, del todo quimérico esperar que la deuda pública sea alguna vez completamente liquidada mediante los ahorros que probablemente se puedan hacer de dichos ingresos ordinarios tal como se encuentran en la actualidad.

Los fondos públicos de las diferentes naciones endeudadas de Europa, particularmente los de Inglaterra, han sido representados por cierto autor como la acumulación de un gran capital añadido al otro capital del país, mediante el cual se extiende su comercio, se multiplican sus manufacturas y se cultivan y mejoran sus tierras mucho más de lo que habrían podido ser mediante ese otro capital únicamente.

Él no considera que el capital que los primeros acreedores del público adelantaron al gobierno fue, desde el momento en que lo adelantaron, una porción determinada del producto anual desviada de servir en la función de capital a servir en la de renta; de mantener a trabajadores productivos a mantener a trabajadores improductivos, y de ser gastada y disipada, por lo general en el transcurso del año, sin siquiera la esperanza de ninguna reproducción futura.

A cambio del capital que adelantaron, obtuvieron, en verdad, una anualidad en los fondos públicos, en la mayoría de los casos de valor superior o igual. Esta anualidad, sin duda, les reemplazó su capital y les permitió llevar a cabo su comercio y sus negocios en la misma medida que antes o quizás en una mayor; es decir, se les permitió bien tomar prestado de otras personas un nuevo capital sobre el crédito de esta anualidad, bien, vendiéndola, obtener de otras personas un capital propio nuevo, igual o superior al que habían adelantado al gobierno.

Este nuevo capital, sin embargo, que de este modo compraron o tomaron prestado de otras personas, debió de haber existido antes en el país y debió de haber sido empleado, como todos los capitales, en mantener el trabajo productivo. Cuando cayó en manos de aquellos que habían adelantado su dinero al gobierno, aunque era en ciertos aspectos un nuevo capital para ellos, no lo era para el país; sino que era únicamente un capital retirado de ciertos empleos con el fin de ser desviado hacia otros. Aunque les reemplazó a ellos lo que habían adelantado al gobierno, no se lo reemplazó al país. De no haber adelantado este capital al gobierno, habría habido en el país dos capitales, dos porciones del producto anual, en vez de uno, empleados en mantener el trabajo productivo.

Cuando para sufragar los gastos del gobierno se recaudan ingresos dentro del año a partir del producto de impuestos libres o no hipotecados, una cierta porción de las rentas de los particulares se desvía únicamente de mantener una especie de trabajo improductivo a mantener otra.

Alguna parte de lo que pagan en dichos impuestos podría sin duda haberse acumulado en forma de capital y, en consecuencia, haberse empleado en mantener trabajo productivo; pero la mayor parte probablemente se habría gastado y, por consiguiente, empleado en mantener trabajo improductivo.

El gasto público, sin embargo, cuando se sufragará de esta manera, dificulta sin duda en mayor o menor medida la acumulación ulterior de nuevo capital; pero no ocasiona necesariamente la destrucción de ningún capital actualmente existente.

Cuando el gasto público se sufraga mediante deuda pública, se sufraga mediante la destrucción anual de cierto capital que antes existía en el país; mediante la perversión de cierta porción del producto anual que antes se había destinado al mantenimiento del trabajo productivo, hacia el del trabajo improductivo.

Como en este caso, sin embargo, los impuestos son más ligeros de lo que habrían sido si se hubiera recaudado dentro del año una renta suficiente para sufragar el mismo gasto, la renta privada de los individuos está necesariamente menos gravada y, en consecuencia, su capacidad para ahorrar y acumular parte de esa renta convirtiéndola en capital se ve mucho menos mermada.

Si el método de la deuda pública destruye más capital antiguo, al mismo tiempo entorpece menos la acumulación o adquisición de nuevo capital que el de sufragar el gasto público mediante una renta recaudada dentro del año. Bajo el sistema de endeudamiento, la frugalidad y la industria de los particulares pueden reparar más fácilmente las brechas que el despilfarro y la extravagancia del gobierno puedan causar ocasionalmente en el capital general de la sociedad.

Sin embargo, es solo durante la continuación de la guerra que el sistema de endeudamiento tiene esta ventaja sobre el otro sistema.

Si los gastos de la guerra se sufragaran siempre mediante ingresos recaudados dentro del año, los impuestos de los cuales se obtendrían dichos ingresos extraordinarios no durarían más que la guerra. La capacidad de los particulares para acumular, aunque menor durante la guerra, habría sido mayor durante la paz que bajo el sistema de endeudamiento.

La guerra no habría ocasionado necesariamente la destrucción de ningún capital antiguo, y la paz habría ocasionado la acumulación de muchos más capitales nuevos.

Las guerras, por lo general, concluirían con mayor rapidez y se emprenderían con menos ligereza.

• El pueblo, al sentir durante la continuación de la guerra todo el peso de la misma, se cansaría pronto de ella y el gobierno, para complacerlo, no se vería en la necesidad de prolongarla más allá de lo estrictamente necesario.
• La previsión de las pesadas e inevitables cargas de la guerra impediría que el pueblo la exigiera a la ligera cuando no hubiera un interés real o sólido por el cual luchar.

Las épocas durante las cuales la capacidad de los particulares para acumular se viera algo mermada ocurrirían con menor frecuencia y durarían menos tiempo. Aquellas, por el contrario, en las que dicha capacidad se encontrara en su mayor vigor, tendrían una duración mucho mayor de lo que bien pueden tener bajo el sistema de endeudamiento.

Cuando el endeudamiento público, además, ha hecho ciertos progresos, la multiplicación de impuestos que conlleva perjudica a veces tanto la capacidad de los particulares para acumular aun en tiempo de paz, como lo haría el otro sistema en tiempo de guerra.

Los ingresos ordinarios de Gran Bretaña ascienden en la actualidad a más de diez millones al año. Si estuvieran libres y sin gravar, podrían ser suficientes, con una gestión adecuada y sin contraer ni un chelín de nueva deuda, para llevar a cabo la guerra más vigorosa.

Los ingresos privados de los habitantes de Gran Bretaña están hoy tan gravados en tiempo de paz, y su capacidad de acumulación está tan mermada, como lo habría estado en la época de la guerra más costosa de no haberse adoptado nunca el pernicioso sistema del endeudamiento público.

En el pago de los intereses de la deuda pública, se ha dicho, es la mano derecha la que paga a la izquierda.

El dinero no sale del país. Es solo una parte de la renta de un sector de los habitantes que se transfiere a otro; y la nación no es ni un céntimo más pobre.

Esta apología se basa por completo en la sofística del sistema mercantil, y tras el largo examen que ya he dedicado a dicho sistema, tal vez sea innecesario decir nada más al respecto.

Supone, además, que toda la deuda pública se debe a los habitantes del país, lo cual resulta no ser cierto; pues los holandeses, así como varias otras naciones extranjeras, poseen una parte muy considerable de nuestros fondos públicos.

Pero aunque toda la deuda se debiera a los habitantes del país, no por ello sería menos perniciosa.

La tierra y el capital son las dos fuentes originarias de toda renta, tanto privada como pública.

El capital paga los salarios del trabajo productivo, ya sea empleado en la agricultura, las manufacturas o el comercio.

La gestión de esas dos fuentes originarias de renta corresponde a dos clases distintas de personas: los propietarios de la tierra y los propietarios o empleadores del capital.

El propietario de tierras está interesado, por el bien de su propia renta, en conservar su finca en tan buen estado como pueda, construyendo y reparando las casas de sus arrendatarios, haciendo y manteniendo los drenajes y cercados necesarios, y todas aquellas otras mejoras costosas que corresponde propiamente al terrateniente hacer y mantener.

Pero mediante diversos impuestos sobre la tierra, la renta del terrateniente puede verse muy disminuida; y mediante diferentes aranceles sobre las necesidades y comodidades de la vida, esa renta disminuida puede volverse de tan poco valor real, que él puede encontrarse totalmente incapaz de hacer o mantener esas mejoras costosas.

Sin embargo, cuando el terrateniente deja de hacer su parte, es totalmente imposible que el arrendatario continúe haciendo la suya. A medida que aumente la penuria del terrateniente, la agricultura del país deberá decaer necesariamente.

Cuando, mediante diferentes impuestos sobre los artículos de primera necesidad y las comodidades de la vida, los propietarios y empleadores de capital social descubren que cualquier ingreso que obtengan de él no comprará, en un país determinado, la misma cantidad de dichos artículos y comodidades que un ingreso igual compraría en casi cualquier otro, se sentirán inclinados a trasladarse a algún otro lugar.

Y cuando, con el fin de recaudar dichos impuestos, la totalidad o la mayor parte de los comerciantes y fabricantes, es decir, la totalidad o la mayor parte de los empleadores de grandes capitales, se ven continuamente expuestos a las visitas mortificantes y vejatorias de los recaudadores de impuestos, esta disposición a trasladarse pronto se convertirá en un traslado efectivo.

La industria del país decaerá necesariamente con la retirada del capital que la sustentaba, y la ruina del comercio y las manufacturas seguirá al declive de la agricultura.

Transferir de los propietarios de esas dos grandes fuentes de ingresos, la tierra y el capital social, de las personas inmediatamente interesadas en el buen estado de cada porción particular de tierra y en la buena gestión de cada porción particular de capital social, a otro conjunto de personas (los acreedores del Estado, que no tienen tal interés particular), la mayor parte de los ingresos provenientes de cualquiera de ellas, debe ocasionar, a la larga, tanto el abandono de la tierra como el desperdicio o la retirada del capital social.

Un acreedor del Estado tiene, sin duda, un interés general en la prosperidad de la agricultura, las manufacturas y el comercio del país; y, por consiguiente, en el buen estado de sus tierras y en la buena gestión de su capital social.

Si hubiere algún fallo o decadencia general en cualquiera de estas cosas, el producto de los diferentes impuestos podría dejar de ser suficiente para pagarle la anualidad o el interés que se le debe. Pero un acreedor del Estado, considerado meramente como tal, no tiene ningún interés en el buen estado de ninguna porción particular de tierra, ni en la buena gestión de ninguna porción particular de capital social.

• Como acreedor del Estado, no tiene conocimiento de ninguna de esas porciones particulares.
• No tiene inspección sobre ella.
• No puede preocuparse por ella.

Su ruina puede en algunos casos serle desconocida y no puede afectarle directamente.

La práctica de la financiación pública ha debilitado gradualmente a todos los estados que la han adoptado.

• Las repúblicas italianas parecen haberla comenzado.
• Génova y Venecia, las únicas dos restantes que pueden pretender a una existencia independiente, han sido ambas debilitadas por ella.
• España parece haber aprendido la práctica de las repúblicas italianas y (siendo sus impuestos probablemente menos sensatos que los de aquellas) ha quedado, en proporción a su fuerza natural, aún más debilitada.
• Las deudas de España son de muy antigua data. Estaba profundamente endeudada antes de finales del siglo XVI, alrededor de cien años antes de que Inglaterra debiera un chelín.
• Francia, a pesar de todos sus recursos naturales, languidece bajo una carga opresiva del mismo tipo.
• La república de las Provincias Unidas está tan debilitada por sus deudas como Génova o Venecia.

¿Es probable que solo en la Gran Bretaña una práctica que ha traído debilidad o desolación a todos los demás países resulte del todo inocente?

El sistema de tributación establecido en esos diferentes países, se puede decir, es inferior al de Inglaterra. Creo que así es. Pero debe recordarse que, cuando el gobierno más sabio ha agotado todas las materias impositivas adecuadas, debe, en casos de urgente necesidad, recurrir a las inadecuadas.

La sabia república de Holanda se ha visto obligada en algunas ocasiones a recurrir a impuestos tan inconvenientes como la mayor parte de los de España. Otra guerra iniciada antes de que se hubiera logrado una liberación considerable de los ingresos públicos, y que creciera en su curso tan costosa como la última guerra, puede, por una necesidad irresistible, hacer que el sistema británico de tributación sea tan opresivo como el de Holanda, o incluso como el de España.

En honor a nuestro sistema tributario actual, en verdad, hasta ahora ha causado tan poca molestia a la industria que, incluso durante el transcurso de las guerras más costosas, la frugalidad y la buena conducta de los particulares parecen haber sido capaces, mediante el ahorro y la acumulación, de reparar todas las brechas que el despilfarro y la extravagancia del gobierno habían abierto en el capital general de la sociedad.

Al concluir la última guerra, la más costosa que Gran Bretaña jamás libró, su agricultura era tan próspera, sus manufacturas tan numerosas y con tanto empleo, y su comercio tan extenso como lo habían sido antes. El capital que sustentaba todas esas diferentes ramas de la industria debió, por tanto, ser igual al que había tenido antes.

Desde la paz, la agricultura ha mejorado aún más, las rentas de las casas han subido en cada pueblo y aldea del país —una prueba de la creciente riqueza y de los ingresos de la gente—, y el producto anual de la mayor parte de los antiguos impuestos, de las principales ramas de la hacienda y las aduanas en particular, ha ido aumentando continuamente, lo que constituye una prueba igualmente clara de un consumo creciente y, por consiguiente, de una producción en aumento, que es lo único que podría sostener dicho consumo.

Gran Bretaña parece soportar con facilidad una carga que, hace medio siglo, nadie creía que fuera capaz de soportar. No concluyamos, sin embargo, por este motivo y de manera imprudente, que es capaz de soportar cualquier carga; ni confiemos tampoco demasiado en que podría soportar, sin gran angustia, una carga un poco mayor que la que ya se le ha impuesto.

Una vez que las deudas nacionales se han acumulado hasta cierto punto, apenas existe, creo, un solo caso en que hayan sido pagadas de forma honrada y completa.

La liberación de los ingresos públicos, si es que alguna vez se ha llevado a cabo, se ha realizado siempre mediante una bancarrota; a veces declarada, pero siempre real, aunque frecuentemente mediante un pago simulado.

El aumento del valor nominal de la moneda ha sido el recurso más habitual mediante el cual se ha disimulado una quiebra pública real bajo la apariencia de un pago fingido.

Si una moneda de seis peniques, por ejemplo, fuera elevada —ya sea por acto del parlamento o por real proclamación— a la denominación de un chelín, y veinte monedas de seis peniques a la de una libra esterlina; la persona que bajo la antigua denominación hubiera tomado prestados veinte chelines, o cerca de cuatro onzas de plata, pagaría bajo la nueva con veinte monedas de seis peniques, o con algo menos de dos onzas.

Una deuda nacional de unos ciento veintiocho millones, casi el capital de la deuda fundada y no fundada de Gran Bretaña, podría pagarse de este modo con unos sesenta y cuatro millones de nuestro dinero actual. Sería, en verdad, un pago meramente fingido, y a los acreedores del Estado se les estafaría realmente diez chelines por libra de lo que se les debía.

La calamidad, además, se extendería mucho más allá de los acreedores del Estado, y los de cualquier particular sufrirían una pérdida proporcional; y esto sin ventaja alguna, sino en la mayoría de los casos con una gran pérdida adicional para los acreedores del público.

• Si los acreedores del Estado estuvieran en general muy endeudados con otras personas, podrían compensar en cierta medida su pérdida pagando a sus acreedores con la misma moneda con la que el Estado les hubiera pagado.
• Pero en la mayoría de los países los acreedores del Estado son, en su mayor parte, personas adineradas, que se encuentran más en la condición de acreedores que en la de deudores con respecto al resto de sus conciudadanos.

Un pago fingido de esta clase, por lo tanto, en lugar de aliviar, agrava en la mayoría de los casos la pérdida de los acreedores del Estado; y sin ventaja alguna para este, extiende la calamidad a un gran número de otras personas inocentes. Ocasiona una subversión general y sumamente perniciosa de las fortunas de los particulares; enriqueciendo en la mayoría de los casos al deudor ocioso y pródigo a expensas del acreedor industrioso y frugal, y transfiriendo una gran parte del capital nacional de las manos que probablemente lo habrían incrementado y mejorado a aquellas que probablemente lo disiparán y destruirán.

Cuando le es necesario a un Estado declararse en quiebra, del mismo modo que cuando le es necesario hacerlo a un individuo, una quiebra justa, abierta y declarada es siempre la medida que resulta menos deshonrosa para el deudor y menos nociva para el acreedor. El honor de un Estado queda sin duda muy mal resguardado cuando, para encubrir la vergüenza de una quiebra real, recurre a un truco de prestidigitación de esta especie, tan fácil de ver a través de él y al mismo tiempo tan sumamente pernicioso.

Casi todos los Estados, sin embargo, tanto antiguos como modernos, cuando se han visto abocados a esta necesidad, han recurrido en ciertas ocasiones a este mismo juego de manos.

Los romanos, al final de la primera guerra púnica, redujeron el as, la moneda o unidad de cuenta con la que calculaban el valor de todas sus demás monedas, de contener doce onzas de cobre a contener tan solo dos onzas: es decir, elevaron dos onzas de cobre a una denominación que hasta entonces siempre había expresado el valor de doce onzas. De este modo, la república pudo pagar las grandes deudas que había contraído con la sexta parte de lo que realmente debía.

Una bancarrota tan repentina y cuantiosa, seríamos propensos a imaginar en los tiempos actuales, debió de haber provocado un clamor popular muy violento. No parece que haya provocado ninguno. La ley que la promulgó fue, como todas las demás leyes relativas a la moneda, introducida y aprobada en la asamblea del pueblo por un tribuno, y probablemente fue una ley muy popular.

En Roma, como en todas las demás repúblicas antiguas, la gente pobre estaba constantemente endeudada con los ricos y los poderosos, quienes, para asegurar sus votos en las elecciones anuales, solían prestarles dinero a un interés exorbitante que, al no pagarse nunca, pronto se acumulaba hasta formar una suma demasiado grande para que el deudor la pagara, o para que cualquier otra persona la pagara por él. El deudor, por miedo a una ejecución muy severa, se veía obligado, sin ninguna otra gratificación, a votar por el candidato que el acreedor le recomendaba.

A pesar de todas las leyes contra el soborno y la corrupción, la generosidad de los candidatos, junto con los repartos ocasionales de grano ordenados por el senado, eran los principales fondos de los que, durante los últimos tiempos de la república romana, los ciudadanos más pobres obtenían su subsistencia.

Para librarse de esta sujeción a sus acreedores, los ciudadanos más pobres exigían continuamente la abolición total de las deudas o lo que llamaban Nuevas Tablas; es decir, una ley que les diera derecho a un finiquito completo mediante el pago de una mera proporción de sus deudas acumuladas. La ley que redujo la moneda de todas las denominaciones a la sexta parte de su valor anterior, al permitirles pagar sus deudas con la sexta parte de lo que realmente debían, equivalía a las más ventajosas nuevas tablas.

Para satisfacer al pueblo, los ricos y los poderosos se vieron obligados, en varias ocasiones diferentes, a consentir leyes tanto para abolir las deudas como para introducir nuevas tablas; y probablemente se vieron inducidos a consentir esta ley, en parte por la misma razón y en parte para que, al liberar los ingresos públicos, pudieran devolver el vigor a aquel gobierno de cuya dirección principal ellos mismos se encargaban.

Una operación de este tipo reduciría de golpe una deuda de ciento veintiocho millones a veintiún millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres libras, seis chelines y ocho peniques.

En el transcurso de la segunda guerra púnica, el as se redujo aún más, primero de dos onzas de cobre a una onza; y después de una onza a media onza; es decir, a la vigesimocuarta parte de su valor original.

Combinando las tres operaciones romanas en una sola, una deuda de ciento veintiocho millones de nuestro dinero actual podría reducirse de este modo, de un solo golpe, a una deuda de cinco millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres libras, seis chelines y ocho peniques.

Incluso la enorme deuda de la Gran Bretaña podría pagarse pronto de este modo.

Por medio de tales expedientes, la moneda de, creo, todas las naciones se ha ido reduciendo gradual y sucesivamente por debajo de su valor original, y de manera paulatina se ha logrado que una misma suma nominal contenga una cantidad cada vez menor de plata.

Las naciones han adulterado a veces, con el mismo fin, la ley de su moneda; es decir, han mezclado en ella una mayor cantidad de aleación.

Si en la libra de peso de nuestra moneda de plata, por ejemplo, en vez de dieciocho pennyweights, según la ley actual, se mezclaran ocho onzas de aleación; una libra esterlina, o veinte chelines de dicha moneda, valdría poco más de seis chelines y ocho peniques de nuestro dinero actual.

La cantidad de plata contenida en seis chelines y ocho peniques de nuestro dinero actual se elevaría así casi exactamente a la denominación de una libra esterlina.

La adulteración de la ley tiene exactamente el mismo efecto que lo que los franceses llaman una aumentación, o una elevación directa de la denominación de la moneda.

Una augmentación, o una elevación directa de la denominación de la moneda, siempre es, y por su propia naturaleza debe ser, una operación abierta y pública.

Mediante ella, piezas de menor peso y volumen reciben el mismo nombre que antes se había dado a piezas de mayor peso y volumen.

La adulteración de la ley, por el contrario, ha sido generalmente una operación oculta. Mediante ella se emitían desde la ceca piezas de las mismas denominaciones y, tan exactamente como se podía lograr, del mismo peso, volumen y apariencia que las piezas de mucho mayor valor que habían estado en circulación antes.

Cuando el rey Juan de Francia, con el fin de pagar sus deudas, adulteró su moneda, todos los oficiales de su ceca juraron guardar secreto.

Ambas operaciones son injustas. Pero una simple augmentación es una injusticia de abierta violencia; mientras que una adulteración es una injusticia de traicionero fraude. Esta última operación, por lo tanto, tan pronto como ha sido descubierta —y nunca ha podido ocultarse por mucho tiempo—, siempre ha suscitado una indignación mucho mayor que la primera.

La moneda, tras cualquier augmentación considerable, muy pocas veces ha sido restituida a su peso anterior; pero tras las mayores adulteraciones casi siempre ha sido restituida a su ley anterior. Rara vez ha sucedido que la furia y la indignación del pueblo hayan podido ser aplacadas de otro modo.

A finales del reinado de Enrique VIII y a principios del de Eduardo VI, la moneda inglesa no solo fue elevada en su denominación, sino adulterada en su ley. Fraudes similares se practicaron en Escocia durante la minoría de Jacobo VI. Ocasionalmente se han practicado en la mayoría de los demás países.

Que la renta pública de Gran Bretaña pueda ser alguna vez completamente liberada, o incluso que se pueda hacer algún progreso considerable hacia esa liberación, mientras el superávit de dicha renta, o lo que queda por encima de sufragar el gasto anual del plan de paz, sea tan sumamente pequeño, parece completamente en vano esperarlo.

Dicha liberación, es evidente, no podrá llevarse a cabo jamás sin un aumento muy considerable de la renta pública, o sin una reducción igualmente considerable del gasto público.

Un impuesto territorial más equitativo, un impuesto más equitativo sobre el alquiler de las casas, y aquellas modificaciones en el sistema actual de aduanas e impuestos especiales como las mencionadas en el capítulo anterior, podrían, tal vez, sin incrementar la carga de la mayor parte del pueblo, sino tan solo distribuyendo su peso de manera más equitativa sobre el conjunto, producir un aumento considerable de los ingresos.

Sin embargo, el proyectista más optimista difícilmente podría hacerse la ilusión de que un aumento de esta naturaleza fuese tal que ofreciera esperanzas razonables, ya sea de liberar por completo los ingresos públicos, o incluso de avanzar lo suficiente hacia esa liberación en tiempo de paz como para evitar o compensar la futura acumulación de la deuda pública en la próxima guerra.

Al extender el sistema británico de tributación a todas las diferentes provincias del imperio habitadas por personas de origen británico o europeo, cabría esperar un aumento mucho mayor de los ingresos.

Esto, sin embargo, difícilmente podría hacerse, de manera congruente con los principios de la constitución británica, sin admitir en el parlamento británico —o, si se prefiere, en los estados generales del imperio británico— una representación justa y equitativa de todas esas diferentes provincias, de modo que la de cada provincia guardase con el producto de sus impuestos la misma proporción que la representación de la Gran Bretaña pudiera guardar con el producto de los impuestos recaudados en la Gran Bretaña.

El interés particular de muchos individuos poderosos y los arraigados prejuicios de grandes masas populares parecen, en verdad, oponer hoy por hoy a un cambio tan grande obstáculos que acaso resulte muy difícil, si no del todo imposible, superar.

Sin pretender determinar, empero, si dicha unión es practicable o impracticable, tal vez no sea impropio, en una obra especulativa de esta índole, examinar hasta qué punto el sistema británico de tributación podría aplicarse a todas las diferentes provincias del imperio; qué ingresos cabría esperar de él en tal caso, y de qué manera una unión general de esta naturaleza podría influir en la felicidad y la prosperidad de las diferentes provincias comprendidas en ella.

Una especulación semejante no puede considerarse, en el peor de los casos, sino como una nueva Utopía, ciertamente menos entretenida, pero no más inútil y quimérica que la antigua.

El impuesto territorial, los derechos de timbre y los diferentes derechos de aduanas y de consumo (excise), constituyen las cuatro ramas principales de los impuestos británicos.

Irlanda es ciertamente tan capaz, y nuestras plantaciones americanas y de las Indias Occidentales mucho más capaces de pagar un impuesto sobre la tierra que Gran Bretaña.

Donde el propietario no está sujeto ni al diezmo ni a la tasa de pobres, ciertamente debe ser más capaz de pagar tal impuesto que donde está sujeto a ambas cargas.

El diezmo, cuando no existe un modus y se cobra en especie, disminuye más lo que de otro modo sería la renta del propietario que un impuesto sobre la tierra que ascendiera realmente a cinco chelines por libra. En la mayoría de los casos se descubrirá que dicho diezmo asciende a más de la cuarta parte de la renta real de la tierra, o de lo que queda tras reemplazar por completo el capital del agricultor, junto con su beneficio razonable.

Si se abolieran todos los moduses y todas las apropiaciones eclesiásticas, el diezmo eclesiástico completo de Gran Bretaña e Irlanda difícilmente podría estimarse en menos de seis o siete millones. Si no hubiera diezmo ni en Gran Bretaña ni en Irlanda, los propietarios podrían permitirse pagar seis o siete millones adicionales en concepto de impuesto sobre la tierra, sin estar más gravados de lo que lo está una gran parte de ellos en la actualidad. América no paga diezmo y, por lo tanto, podría permitirse muy bien pagar un impuesto sobre la tierra.

Las tierras en América y en las Indias Occidentales, en verdad, por lo general no están arrendadas ni alquiladas a agricultores. Por consiguiente, no podrían ser tasadas de acuerdo con ningún registro de rentas. Pero tampoco las tierras de Gran Bretaña, en el cuarto año de Guillermo y María, fueron tasadas de acuerdo con ningún registro de rentas, sino según una estimación muy vaga e imprecisa.

Las tierras en América podrían tasarse ya del mismo modo, ya de acuerdo con una valoración equitativa como consecuencia de una mensura exacta, semejante a la que se hizo recientemente en el Milanesado y en los dominios de Austria, Prusia y Cerdeña.

Los derechos de timbre, es evidente, podrían recaudarse sin ninguna variación en todos los países donde las formas de los procesos judiciales y las escrituras mediante las cuales se transfiere la propiedad, tanto real como personal, sean iguales o casi iguales.

La extensión de las leyes aduaneras de Gran Bretaña a Irlanda y a las plantaciones, siempre que fuera acompañada, como por justicia debería serlo, de una extensión de la libertad de comercio, sería en el grado máximo ventajosa para ambas.

• Todos los odiosos frenos que actualmente oprimen el comercio de Irlanda, la distinción entre las mercancías enumeradas y no enumeradas de América, llegarían enteramente a su fin.
• Los países situados al norte del cabo Finisterre estarían tan abiertos a cada una de las partes de los productos de América como lo están actualmente los situados al sur de dicho cabo para algunas partes de dichos productos.
• El comercio entre todas las diferentes partes del imperio británico sería, como consecuencia de esta uniformidad en las leyes aduaneras, tan libre como lo es actualmente el comercio de cabotaje de Gran Bretaña.

El imperio británico ofrecería así dentro de sí mismo un inmenso mercado interno para cada una de las partes de los productos de todas sus diferentes provincias.

Una expansión tan grande del mercado compensaría pronto, tanto a Irlanda como a las plantaciones, todo lo que pudieran sufrir por el incremento de los aranceles aduaneros.

El impuesto de consumos es la única parte del sistema tributario británico que requeriría ser modificada en algún aspecto según se aplicara a las diferentes provincias del imperio.

Podría aplicarse a Irlanda sin variación alguna; siendo la producción y el consumo de aquel reino exactamente de la misma naturaleza que los de Gran Bretaña.

En su aplicación a América y a las Indias Occidentales, cuya producción y consumo son tan diferentes de los de Gran Bretaña, podría ser necesaria alguna modificación, del mismo modo que en su aplicación a los condados productores de sidra y cerveza de Inglaterra.

Un licor fermentado, por ejemplo, que se llama cerveza, pero que, como está hecho de melaza, se parece muy poco a nuestra cerveza, constituye una parte considerable de la bebida común del pueblo en América. Este liquor, como solo se puede conservar durante unos pocos días, no puede, como nuestra cerveza, prepararse y almacenarse para la venta en grandes cervecerías; sino que cada familia particular debe elaborarlo para su propio uso, de la misma manera que cocina sus alimentos. Pero someter a cada familia particular a las odiosas visitas y al examen de los recaudadores de impuestos, de la misma manera que sometemos a los dueños de tabernas y a los cerveceros para la venta pública, sería del todo incompatible con la libertad. Si por aras de la igualdad se considerara necesario imponer un impuesto sobre este licor, podría gravarse gravando el material con el que está hecho, ya sea en el lugar de fabricación, o bien, si las circunstancias del comercio hicieran tal impuesto indirecto inadecuado, imponiendo un arancel a su importación en la colonia en la que iba a ser consumido. Además del arancel de un penique por galón impuesto por el parlamento británico a la importación de melaza en América, existe un impuesto provincial de este tipo sobre su importación a la Bahía de Massachusetts, en barcos pertenecientes a cualquier otra colonia, de ocho peniques la barrica; y otro sobre su importación, desde las colonias del norte, a Carolina del Sur, de cinco peniques el galón. O si ninguno de estos métodos resultara conveniente, cada familia podría abonar una cantidad fija por su consumo de este licor, ya sea según el número de personas de que constara, de la misma manera que las familias particulares pagan un cantidad fija por el impuesto sobre la malta en Inglaterra; o según las diferentes edades y sexos de esas personas, de la misma manera que se recaudan varios impuestos diferentes en Holanda; o casi como Sir Matthew Decker propone que se recauden en Inglaterra todos los impuestos sobre productos de consumo. Este modo de tasación, ya se ha observado, cuando se aplica a objetos de consumo rápido, no es muy conveniente. Podría adoptarse, sin embargo, en los casos en que no se pudiera hacer algo mejor.

El azúcar, el ron y el tabaco son mercancías que en ninguna parte son artículos de primera necesidad, que se han convertido en objetos de consumo casi universal y que, por tanto, son materias sumamente apropiadas para la imposición de contribuciones.

Si se produjera una unión con las colonias, esas mercancías podrían gravarse bien antes de salir de manos del fabricante o del productor; o bien, si este método de tributación no se adaptara a las circunstancias de dichas personas, podrían depositarse en almacenes públicos tanto en el lugar de fabricación como en todos los diferentes puertos del imperio a los que pudieran ser transportadas posteriormente, para permanecer allí, bajo la custodia conjunta del propietario y del funcionario fiscal, hasta el momento en que sean entregadas ya sea al consumidor, al comerciante minorista para el consumo interno, o al comerciante exportador, sin que el impuesto deba adelantarse hasta dicha entrega.

Cuando se entreguen para la exportación, saldrán libres de derechos, previa presentación de la garantía adecuada de que serán realmente exportadas fuera del imperio.

Estas son quizás las principales mercancías respecto de las cuales una unión con las colonias podría requerir algún cambio considerable en el actual sistema de tributación británico.

Cuál pudiese ser el monto de los ingresos que este sistema de tributación, extendido a todas las diferentes provincias del imperio, llegaría a producir, resulta, sin duda, del todo imposible de determinar con razonable exactitud.

Por medio de este sistema se recaudan anualmente en Gran Bretaña, sobre menos de ocho millones de personas, más de diez millones de ingresos. Irlanda cuenta con más de dos millones de personas y, según las cuentas presentadas ante el congreso, las doce provincias asociadas de América contienen más de tres. Tales cuentas, sin embargo, pueden haber sido exageradas con el fin, tal vez, ya sea de alentar a su propia gente o de intimidar a la de este país, y supondremos por lo tanto que nuestras colonias de Norteamérica y de las Indias Occidentales consideradas en conjunto no contienen más de tres millones; o que todo el imperio británico, en Europa y América, no contiene más de trece millones de habitantes.

Si sobre menos de ocho millones de habitantes este sistema de tributación recauda unos ingresos de más de diez millones en libras esterlinas, debería recaudar sobre trece millones de habitantes unos ingresos de más de dieciséis millones doscientos cincuenta mil libras esterlinas.

De estos ingresos, suponiendo que este sistema pudiera producirlos, deben deducirse los ingresos que habitualmente se recaudan en Irlanda y en las plantaciones para sufragar los gastos de sus respectivos gobiernos civiles.

• El gasto del establecimiento civil y militar de Irlanda, junto con el interés de la deuda pública, asciende, según la media de los dos años que terminaron en marzo de 1775, a algo menos de setecientos cincuenta mil libras al año.
• Según una cuenta muy exacta de los ingresos de las principales colonias de América y de las Indias Occidentales, estos ascendían, antes del comienzo de los actuales disturbios, a ciento cuarenta y un mil ochocientas libras. En esta cuenta, sin embargo, se omite el ingreso de Maryland, de Carolina del Norte y de todas nuestras recientes adquisiciones tanto en el continente como en las islas, lo que quizás pueda representar una diferencia de treinta o cuarenta mil libras.
• Por lo tanto, para mantener números redondos, supongamos que los ingresos necesarios para sostener el gobierno civil de Irlanda y de las plantaciones pueden ascender a un millón.

Quedarían en consecuencia unos ingresos de quince millones doscientos cincuenta mil libras, para ser aplicados a sufragar los gastos generales del imperio y al pago de la deuda pública. Pero si de los actuales ingresos de Gran Bretaña se pudiera prescindir, en tiempos de paz, de un millón para el pago de dicha deuda, se podría prescindir muy bien de seis millones doscientos cincuenta mil libras de estos ingresos mejorados.

Este gran fondo de amortización también podría aumentarse cada año con el interés de la deuda que se hubiera cancelado el año anterior, y podría de este modo incrementarse con tanta rapidez que bastaría en pocos años para cancelar toda la deuda y restaurar así por completo el vigor, actualmente debilitado y languideciente, del imperio.

Entre tanto, se podría aliviar al pueblo de algunos de los impuestos más gravosos; de aquellos que se imponen ya sea sobre las necesidades de la vida o sobre los materiales de manufactura. Los pobres trabajadores se verían así capacitados para vivir mejor, para trabajar a menor costo y para enviar sus mercancías más baratas al mercado. La baratura de sus mercancías aumentaría la demanda de estas y, en consecuencia, la del trabajo de quienes las produjeron. Este incremento en la demanda de trabajo aumentaría tanto el número como las circunstancias de los pobres trabajadores. Su consumo aumentaría y, junto con este, los ingresos derivados de todos aquellos artículos de su consumo sobre los cuales se permitiese que los impuestos permanecieran.

Sin embargo, los ingresos derivados de este sistema de imposición quizás no aumentarían inmediatamente en proporción al número de personas sujetas a él.

Se deberían conceder grandes consideraciones durante algún tiempo a aquellas provincias del imperio que fueran así sometidas a cargas a las que no habían estado acostumbradas antes, e incluso cuando los mismos impuestos llegaran a recaudarse en todas partes con la mayor exactitud posible, no producirían en todas partes unos ingresos proporcionados al número de habitantes.

En un país pobre, el consumo de las principales mercancías sujetas a los derechos de aduanas y de impuestos especiales es muy pequeño; y en un país escasamente poblado, las oportunidades de contrabando son muy grandes.

• El consumo de bebidas de malta entre las clases inferiores del pueblo en Escocia es muy pequeño, y el impuesto especial sobre la malta, la cerveza y la ale produce allí menos que en Inglaterra en proporción al número de habitantes y a la cuantía de los derechos, que sobre la malta es diferente debido a una supuesta diferencia de calidad.
• En estas ramas particulares de los impuestos especiales, no creo que haya mucho más contrabando en un país que en el otro.
• Los derechos sobre la destilería y la mayor parte de los derechos de aduanas, en proporción al número de habitantes en los respectivos países, producen menos en Escocia que en Inglaterra, no sólo debido al menor consumo de las mercancías gravadas, sino a la muchísima mayor facilidad para el contrabando.

En Irlanda, las clases inferiores del pueblo son todavía más pobres que en Escocia, y muchas partes del país están casi tan escasamente pobladas. En Irlanda, por tanto, el consumo de las mercancías gravadas podría ser, en proporción al número de habitantes, aún menor que en Escocia, y la facilidad para el contrabando, prácticamente la misma.

En América y en las Indias Occidentales, la población blanca, incluso la de rango más bajo, se encuentra en circunstancias mucho mejores que la de la misma clase en Inglaterra, y su consumo de todos los lujos en los que suelen deleitarse es probablemente mucho mayor.

Los negros, en verdad, que constituyen la mayor parte de los habitantes tanto de las colonias meridionales del continente como de las islas de las Indias Occidentales, al encontrarse en un estado de esclavitud, están sin duda en peor condición que las personas más pobres de Escocia o de Irlanda. No debemos, sin embargo, imaginar por esa razón que estén peor alimentados, o que su consumo de artículos que podrían ser objeto de impuestos moderados sea menor que el de las clases más bajas de la gente en Inglaterra. Para que trabajen bien, el interés de su amo exige que estén bien alimentados y mantenidos en buen estado de ánimo, del mismo modo que le interesa que lo estén sus animales de trabajo.

Los negros, en consecuencia, reciben casi en todas partes su ración de ron y de melaza o cerveza de abeto, del mismo modo que los sirvientes blancos; y esta ración probablemente no se les retiraría aunque dichos artículos fueran gravados con impuestos moderados. El consumo de las mercancías gravadas, por tanto, en proporción al número de habitantes, sería probablemente tan grande en América y en las Indias Occidentales como en cualquier otra parte del imperio británico. Las oportunidades de contrabando, en verdad, serían mucho mayores, ya que América, en proporción a la extensión del país, está mucho más escasamente poblada que Escocia o Irlanda.

Sin embargo, si los ingresos que actualmente se recaudan mediante los diferentes impuestos sobre la malta y las bebidas de malta se recaudasen mediante un único impuesto sobre la malta, la oportunidad de contrabandear en la rama más importante de los impuestos especiales desaparecería casi por completo: y si los derechos de aduana, en vez de imponerse sobre casi todos los diferentes artículos de importación, se limitaran a unos pocos de los de uso y consumo más generales, y si la recaudación de dichos derechos se sometiera a las leyes de impuestos especiales, la oportunidad de contrabando, aunque no desapareciera por completo, se vería muy disminuida.

Como consecuencia de estas dos modificaciones, aparentemente muy simples y sencillas, los derechos de aduana y de impuestos especiales probablemente producirían unos ingresos tan grandes en proporción al consumo de la provincia más escasamente poblada como los que producen actualmente en proporción al de la más populosa.

Los americanos, según se ha dicho en verdad, no tienen dinero de oro ni de plata; el comercio interior del país se lleva a cabo mediante una moneda de papel, y el oro y la plata que ocasionalmente llegan entre ellos son enviados en su totalidad a Gran Bretaña a cambio de las mercancías que reciben de nosotros.

Pero sin oro ni plata, se añade, no hay posibilidad de pagar impuestos. Ya obtenemos todo el oro y la plata que tienen. ¿Cómo es posible extraer de ellos lo que no tienen?

La actual escasez de dinero en oro y plata en América no es efecto de la pobreza de ese país, ni de la incapacidad de sus habitantes para comprar dichos metales.

En un país donde los salarios del trabajo son mucho más altos, y el precio de las provisiones mucho más bajo que en Inglaterra, la mayor parte de la población debe de tener ciertamente con qué comprar una mayor cantidad, si le fuera necesario o conveniente hacerlo.

La escasez de esos metales debe de ser, por tanto, efecto de una elección, y no de la necesidad.

Para realizar transacciones de negocios, ya sean nacionales o extranjeras, el dinero de oro y plata es necesario o conveniente.

El comercio interior de cualquier país, según se ha demostrado en el segundo libro de esta Investigación, puede llevarse a cabo, al menos en tiempos de paz, mediante una moneda de papel con casi el mismo grado de comodidad que con dinero de oro y plata.

Conviene a los americanos, que siempre pueden emplear con provecho en la mejora de sus tierras un capital mayor del que fácilmente pueden conseguir, ahorrar en lo posible el gasto de un instrumento de comercio tan costoso como el oro y la plata, y emplear más bien aquella parte de su producto excedente que sería necesaria para adquirir dichos metales en la compra de instrumentos de comercio, materiales de ropa, diversos artículos de mobiliario doméstico y las obras de hierro necesarias para construir y ampliar sus asentamientos y plantaciones; en la adquisición, no de capital inactivo, sino de capital activo y productivo.

Los gobiernos de las colonias consideran de su interés proveer a la población de una cantidad de dinero de papel plenamente suficiente, y por lo general más que suficiente, para transaccionar su comercio interior.

• Algunos de esos gobiernos, particularmente el de Pensilvania, obtienen ingresos prestando este dinero de papel a sus súbditos a un interés de cierto porcentaje.
• Otros, como el de la Bahía de Massachusetts, emiten en situaciones de emergencia extraordinaria un dinero de papel de esta clase para sufragar los gastos públicos y después, cuando conviene a la colonia, lo redimen al valor depreciado al que va cayendo gradualmente.

En 1747 dicha colonia pagó de este modo la mayor parte de sus deudas públicas con la décima parte del dinero por el cual se habían emitido sus billetes.

A los hacendados les conviene ahorrar el gasto de emplear dinero de oro y plata en sus transacciones internas; y a los gobiernos de las colonias les conviene proveerles un medio que, aunque conlleva desventajas muy considerables, les permite ahorrarse dicho gasto.

La abundancia excesiva de dinero de papel desvía y expulsa necesariamente al oro y a la plata de las transacciones internas de las colonias, por la misma razón que ha expulsado a dichos metales de la mayor parte de las transacciones internas en Escocia; y en ambos países no es la pobreza, sino el espíritu emprendedor y proyectista del pueblo, su deseo de emplear todo el capital que pueden conseguir como capital activo y productivo, lo que ha ocasionado esta redundancia de dinero de papel.

En el comercio exterior que las distintas colonias mantienen con Gran Bretaña, el oro y la plata se emplean en mayor o menor medida, exactamente en proporción a cuán necesarios sean.

Donde esos metales no son necesarios, rara vez aparecen. Donde son necesarios, por lo general se encuentran.

En el comercio entre Gran Bretaña y las colonias del tabaco, los productos británicos suelen adelantarse a los colonos a un crédito bastante largo y, posteriormente, se pagan en tabaco, tasado a un precio determinado.

Para los colonos es más conveniente pagar en tabaco que en oro y plata. A cualquier comerciante le resultaría más conveniente pagar los productos que sus corresponsales le hubieran vendido con algún otro tipo de mercancía con la que casualmente comercie, que con dinero. Dicho comerciante no tendría necesidad de mantener ninguna parte de su capital ociosa y en efectivo para atender demandas imprevistas. Podría tener, en todo momento, una mayor cantidad de mercancías en su tienda o almacén, y podría operar a mayor escala.

Pero rara vez resulta conveniente para todos los corresponsales de un comerciante recibir el pago por los productos que le venden en mercancías de otra clase con la que él comercie casualmente. Los comerciantes británicos que comercian con Virginia y Maryland resultan ser un grupo particular de corresponsales a quienes les es más conveniente recibir el pago por los productos que venden en esas colonias en tabaco que en oro y plata. Esperan obtener un beneficio con la venta del tabaco. No podrían obtener ninguno con la del oro y la plata.

El oro y la plata, por lo tanto, aparecen muy raras veces en el comercio entre Gran Bretaña y las colonias del tabaco. Maryland y Virginia tienen tan poca necesidad de esos metales en su comercio exterior como en el interior. Por consiguiente, se dice que disponen de menos dinero en oro y plata que cualquier otra colonia en América. Sin embargo, se les considera tan prósperas, y consecuentemente tan ricas, como a cualquiera de sus vecinas.

En las colonias del norte, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, los cuatro gobiernos de Nueva Inglaterra, etc., el valor de sus propios productos que exportan a Gran Bretaña no es igual al de las manufacturas que importan para su propio uso y para el de algunas de las otras colonias de las cuales son transportistas.

Por lo tanto, debe pagarse un saldo a la metrópoli en oro y plata, y este saldo generalmente lo encuentran.

En las colonias azucareras, el valor de los productos exportados anualmente a la Gran Bretaña es mucho mayor que el de todas las mercancías importadas desde allí.

Si el azúcar y el ron enviados anualmente a la metrópoli se pagaran en dichas colonias, la Gran Bretaña se vería obligada a enviar todos los años un saldo muy cuantioso en efectivo, y el comercio con las Indias Occidentales sería considerado por cierta clase de políticos como sumamente desventajoso.

Pero ocurre que muchos de los principales propietarios de las plantaciones de azúcar residen en la Gran Bretaña. Sus rentas se les remiten en azúcar y ron, producto de sus haciendas. El azúcar y el ron que los comerciantes de las Indias Occidentales compran en dichas colonias por cuenta propia no igualan en valor a las mercancías que venden allí anualmente. Por consiguiente, se les debe pagar un saldo en oro y plata, y este saldo también suele encontrarse.

La dificultad y la irregularidad de los pagos de las diferentes colonias a la Gran Bretaña no han estado en absoluto en proporción con la magnitud o la pequeñez de los saldos que respectivamente se le debían.

Los pagos han sido en general más regulares por parte de las colonias del norte que de las del tabaco, aunque las primeras han pagado por lo general un saldo bastante cuantioso en dinero, mientras que las segundas o bien no han pagado saldo alguno, o uno mucho menor.

La dificultad de obtener el pago de nuestras diferentes colonias azucareras ha sido mayor o menor en proporción, no tanto al volumen de los saldos respectivos que se les debían, como a la cantidad de tierra sin cultivar que contenían; es decir, a la mayor o menor tentación que han tenido los hacendados de extralimitarse en sus negocios, o de emprender el establecimiento y plantación de extensiones mayores de tierra yma que no convenían al volumen de sus capitales.

Las remesas de la gran isla de Jamaica, donde todavía hay mucha tierra sin cultivar, han sido por esta razón en general más irregulares e inciertas que las de las islas más pequeñas de Barbados, Antigua y San Cristóbal, las cuales desde hace muchos años se encuentran completamente cultivadas y, por esa misma razón, han ofrecido un campo menor para las especulaciones del hacendado.

Las nuevas adquisiciones de Granada, Tobago, San Vicente y Dominica han abierto un nuevo campo para especulaciones de esta índole; y las remesas procedentes de dichas islas han sido últimamente tan irregulares e inciertas como las de la gran isla de Jamaica.

No es, por tanto, la pobreza de las colonias lo que ocasiona, en la mayor parte de ellas, la escasez actual de dinero de oro y plata.

Su gran demanda de capital activo y productivo hace que les convenga tener el menor capital inactivo posible; y las dispone por ello a conformarse con un instrumento de comercio más barato, aunque menos cómodo, que el oro y la plata.

Se les permite así convertir el valor de ese oro y plata en instrumentos de comercio, en materiales de indumentaria, en mobiliario doméstico y en la cerrajería y ferretería de hierro necesarias para construir y extender sus asentamientos y plantaciones.

En aquellas ramas de los negocios que no pueden transigirse sin dinero de oro y plata, parece que siempre pueden hallar la cantidad necesaria de dichos metales; y si con frecuencia no la hallan, su carencia es por lo general el efecto, no de su pobreza necesaria, sino de su empresa innecesaria y excesiva. No es porque sean pobres por lo que sus pagos son irregulares e inciertos; sino porque están demasiado ávidos por volverse excesivamente ricos.

Aunque toda esa parte del producto de los impuestos de las colonias, que excedía lo necesario para sufragar los gastos de sus propios establecimientos civiles y militares, hubiera de ser remitida a Gran Bretaña en oro y plata, las colonias disponen abundantemente de con qué adquirir la cantidad requerida de dichos metales.

• En este caso se verían obligadas, en verdad, a cambiar una parte de su producto excedente, con el que ahora compran capital activo y productivo, por capital inactivo.
• Al realizar sus negocios domésticos se verían obligadas a emplear un instrumento de comercio costoso en lugar de uno barato; y el gasto de adquirir este costoso instrumento podría mermar un tanto la vivacidad y el ardor de su empresa excesiva en la mejora de la tierra.

Sin embargo, tal vez no fuera necesario remitir ninguna parte de la renta americana en oro y plata. Podría ser remitida en letras libradas sobre y aceptadas por determinados comerciantes o compañías en Gran Bretaña, a quienes se hubiera consignado una parte del producto excedente de América, los cuales ingresarían en el tesoro la renta americana en dinero, tras haber recibido ellos mismos su valor en mercancías; y todo el negocio podría transigirse con frecuencia sin exportar ni una sola onza de oro o plata desde América.

No es contrario a la justicia que tanto Irlanda como América contribuyan a la amortización de la deuda pública de Gran Bretaña.

Esa deuda ha sido contraída en apoyo del gobierno establecido por la Revolución, un gobierno al cual los protestantes de Irlanda deben no solo toda la autoridad de que disfrutan actualmente en su propio país, sino también toda garantía que poseen para su libertad, su propiedad y su religión; un gobierno al cual varias de las colonias de América deben sus cartas magnas actuales, y por consiguiente su constitución actual, y al cual todas las colonias de América deben la libertad, la seguridad y la propiedad de que han disfrutado desde entonces.

Esa deuda pública ha sido contraída en defensa, no de Gran Bretaña sola, sino de todas las diferentes provincias del imperio; la inmensa deuda contraída en la última guerra en particular, y gran parte de la contraída en la guerra anterior, fueron ambas contraídas adecuadamente en defensa de América.

Mediante una unión con Gran Bretaña, Irlanda obtendría, además de la libertad de comercio, otras ventajas mucho más importantes, y que compensarían con creces cualquier aumento de impuestos que pudiera acompañar a dicha unión.

Mediante la unión con Inglaterra, las clases medias e inferiores del pueblo de Escocia obtuvieron una liberación completa del poder de una aristocracia que hasta entonces siempre las había oprimido.

Mediante una unión con Gran Bretaña, la mayor parte de la población de todas las clases en Irlanda obtendría una liberación igualmente completa de una aristocracia mucho más opresiva; una aristocracia no fundada, como la de Escocia, en las distinciones naturales y respetables de nacimiento y fortuna; sino en la más odiosa de todas las distinciones, la de los prejuicios religiosos y políticos; distinciones que, más que ninguna otra, avivan tanto la insolencia de los opresores como el odio y la indignación de los oprimidos, y que comúnmente hacen que los habitantes de un mismo país sean más hostiles entre sí de lo que jamás suelen ser los de países diferentes.

Sin una unión con Gran Bretaña, es poco probable que los habitantes de Irlanda se consideren un solo pueblo durante muchos siglos.

Ninguna aristocracia opresiva ha prevalecido jamás en las colonias. Aun ellas, sin embargo, saldrían ganando considerablemente, en cuanto a felicidad y tranquilidad, con una unión con la Gran Bretaña.

Las libraría, al menos, de esas facciones rencorosas y virulentas que son inseparables de las pequeñas democracias, y que tan frecuentemente han dividido los afectos de sus pueblos y perturbado la tranquilidad de sus gobiernos, de forma tan cercana a la democrática.

En el caso de una separación total de la Gran Bretaña, la cual, a menos que sea evitada por una unión de este tipo, parece muy probable que ocurra, esas facciones serían diez veces más virulentas que nunca. Antes del comienzo de los presentes disturbios, el poder coercitivo de la metrópoli siempre había sido capaz de contener a dichas facciones para que no degeneraran en algo peor que la grosera brutalidad y el insulto. Si ese poder coercitivo fuera eliminado por completo, probablemente pronto estallarían en violencia abierta y derramamiento de sangre.

En todos los grandes países que están unidos bajo un gobierno uniforme, el espíritu de partido suele prevalecer menos en las provincias remotas que en el centro del imperio. La distancia de esas provincias respecto a la capital, del asiento principal de la gran disputa por el poder y la ambición, hace que participen menos en los objetivos de cualquiera de las partes contendientes, y las convierte en espectadores más indiferentes e imparciales de la conducta de todas ellas.

El espíritu de partido prevalece menos en Escocia que en Inglaterra. En el caso de una unión, probablemente prevalecería menos en Irlanda que en Escocia, y las colonias pronto disfrutarían de un grado de concordia y unanimidad actualmente desconocido en cualquier parte del imperio británico.

Tanto Irlanda como las colonias, en verdad, estarían sujetas a impuestos más pesados que los que pagan en la actualidad. Sin embargo, como consecuencia de una aplicación diligente y fiel de los ingresos públicos hacia la amortización de la deuda nacional, la mayor parte de esos impuestos podría no ser de larga duración, y los ingresos públicos de la Gran Bretaña podrían reducirse pronto a lo necesario para mantener un establecimiento de paz moderado.

Las adquisiciones territoriales de la Compañía de las Indias Orientales, derecho indudable de la corona, es decir, del Estado y del pueblo de Gran Bretaña, podrían convertirse en otra fuente de ingresos más abundante, tal vez, que todas las ya mencionadas.

Esos países se describen como más fértiles, más extensos y, en proporción a su extensión, mucho más ricos y poblados que la Gran Bretaña.

Para obtener de ellos una gran recaudación, probablemente no sería necesario introducir ningún nuevo sistema impositivo en países que ya están suficientemente y más que suficientemente gravados.

Quizás fuera más adecuado aligerar, en lugar de agravar, la carga de esos desdichados países, y procurar obtener de ellos ingresos, no imponiendo nuevos tributos, sino previniendo la malversación y la aplicación indebida de la mayor parte de los que ya pagan.

Si se considerase impracticable que la Gran Bretaña obtenga un aumento considerable de ingresos a partir de cualquiera de los recursos antes mencionados, el único recurso que le puede quedar es la disminución de sus gastos.

En el modo de recaudar y en el de gastar los ingresos públicos, aunque en ambos pueda haber todavía margen de mejora, la Gran Bretaña parece ser al menos tan económica como cualquiera de sus vecinas. El establecimiento militar que mantiene para su propia defensa en tiempo de paz es más moderado que el de cualquier Estado europeo que pueda pretender rivalizar con ella, ya sea en riqueza o en poder. Ninguno de esos apartados, por lo tanto, parece admitir una reducción considerable de gastos.

El gasto del establecimiento de paz de las colonias fue, antes del comienzo de los actuales disturbios, muy considerable, y es un gasto que puede, y si no se pueden obtener ingresos de ellas sin duda debe, ahorrarse por completo. Este gasto constante en tiempo de paz, aunque muy grande, es insignificante en comparación con lo que la defensa de las colonias nos ha costado en tiempo de guerra.

• La última guerra, que se emprendió enteramente por causa de las colonias, le costó a la Gran Bretaña, como ya se ha observado, más de noventa millones.
• La guerra española de 1739 se emprendió principalmente por causa de ellas; en ella, y en la guerra francesa que fue su consecuencia, la Gran Bretaña gastó más de cuarenta millones, una gran parte de los cuales debería atribuirse justamente a las colonias.

En esas dos guerras las colonias le costaron a la Gran Bretaña mucho más del doble de la suma a la que ascendía la deuda nacional antes del comienzo de la primera de ellas. De no haber sido por esas guerras, dicha deuda podría haber sido, y probablemente ya habría sido, completamente pagada; y de no haber sido por las colonias, la primera de esas guerras quizás no se habría emprendido, y la segunda ciertamente no lo habría sido.

Fue porque se suponía que las colonias eran provincias del imperio británico que este gasto se realizó en ellas. Pero los países que no contribuyen ni con ingresos ni con fuerza militar para el sostenimiento del imperio no pueden ser considerados como provincias. Quizás puedan ser considerados como apéndices, como una especie de séquito espléndido y vistoso del imperio. Pero si el imperio ya no puede soportar el gasto de mantener este séquito, ciertamente debe prescindir de él; y si no puede aumentar sus ingresos en proporción a su gasto, debe, al menos, acomodar su gasto a sus ingresos.

Si las colonias, a pesar de su negativa a someterse a los impuestos británicos, han de ser consideradas todavía como provincias del imperio británico, su defensa en alguna guerra futura puede costarle a la Gran Bretaña un gasto tan grande como el que le ha costado en cualquier guerra anterior. Los gobernantes de la Gran Bretaña han entretenido, durante más de un siglo, a la imaginación del pueblo con la idea de que poseían un gran imperio en el lado occidental del Atlántico.

Este imperio, sin embargo, ha existido hasta ahora solo en la imaginación. Ha sido hasta el momento, no un imperio, sino el proyecto de un imperio; no una mina de oro, sino el proyecto de una mina de oro; un proyecto que ha costado, que sigue costando, y que, si se persigue de la misma manera que hasta ahora, es probable que cueste un gasto inmenso, sin que sea probable que aporte ningún beneficio; pues los efectos del monopolio del comercio colonial, como se ha demostrado, son para el grueso del pueblo una mera pérdida en lugar de un beneficio.

Ya es hora sin duda de que nuestros gobernantes hagan realidad este sueño dorado en el que se han estado complaciendo quizás tanto ellos como el pueblo; o bien, que despierten ellos mismos de él y se esfuercen por despertar al pueblo. Si el proyecto no puede completarse, debe abandonarse. Si no se puede lograr que alguna de las provincias del imperio británico contribuya al sostenimiento de todo el imperio, es sin duda el momento de que la Gran Bretaña se libere del gasto de defender a esas provincias en tiempo de paz y de guerra, y se esfuerce por acomodar sus futuras miras y diseños a la verdadera medianía de sus circunstancias.