Un derecho de acuñación (seignorage) eliminará por completo en muchos casos, y disminuirá en todos, el beneficio de fundir la nueva moneda.
Este beneficio siempre surge de la diferencia entre la cantidad de lingote que la moneda corriente debería contener y la que efectivamente contiene.
- Si esta diferencia es menor que el derecho de acuñación, habrá pérdida en lugar de beneficio.
- Si es igual al derecho de acuñación, no habrá ni beneficio ni pérdida.
- Si es mayor que el derecho de acuñación, habrá ciertamente algún beneficio, pero menor que si no existiera tal derecho.
Si, antes de la reciente reforma de la moneda de oro, por ejemplo, hubiera habido un derecho de acuñación del cinco por ciento sobre la moneda, se habría producido una pérdida del tres por ciento al fundir dicha moneda de oro. Si el derecho de acuñación hubiera sido del dos por ciento, no habría habido ni beneficio ni pérdida. Si el derecho de acuñación hubiera sido del uno por ciento, habría habido un beneficio, pero de solo el uno por ciento en lugar del dos por ciento.
Por consiguiente, siempre que el dinero se reciba por conteo y no por peso, el derecho de acuñación es el medio más eficaz para prevenir la fusión de la moneda y, por la misma razón, su exportación. Comúnmente son las piezas mejores y más pesadas las que se funden o se exportan, porque es con ellas con las que se obtienen mayores beneficios.
La ley para el fomento de la acuñación, al eximirla de impuestos, se promulgó por primera vez durante el reinado de Carlos II por un tiempo limitado; y después se prorrogó mediante diversas prolongaciones hasta 1769, año en que se hizo perpetua.