sólo se vería inmediatamente libre de todo el gasto anual del dispositivo de paz de las colonias, sino que podría establecer con ellas un tratado de comercio que le asegurara eficazmente un libre comercio, más ventajoso para la gran masa del pueblo —aunque menos para los comerciantes— que el monopolio del que disfruta actualmente en la actualidad. Al separarse así en buenos términos, el afecto natural de las colonias hacia la metrópoli, que quizás nuestras recientes disensiones han estado a punto de extinguir, reviviría rápidamente. Podría inclinarlas no sólo a respetar, durante siglos enteros, aquel tratado de comercio que hubieran concluido con nosotros al despedirse, sino a favorecernos tanto en la guerra como en el comercio, y, en lugar de súbditos turbulentos y fajosos, a convertirse en nuestros más fieles, afectuosos y generosos aliados; y podría resurgir entre la Gran Bretaña y sus colonias ese mismo tipo de afecto paternal por un lado y respeto filial por el otro, que solía subsistir entre las de la antigua Grecia y la metrópoli de la que descendían.
Para que cualquier provincia resulte ventajosa para el imperio al que pertenece, debe aportar, en tiempo de paz, unos ingresos al tesoro público suficientes no solo para sufragar la totalidad de los gastos de su propio mantenimiento en tiempos de paz, sino para contribuir con su proporción al sostenimiento del gobierno general del imperio. Toda provincia contribuye necesariamente, en mayor o menor medida, a incrementar los gastos de dicho gobierno general. Por consiguiente, si una provincia en particular no aporta su parte para sufragar estos gastos, recaerá una carga desigual sobre alguna otra parte del imperio. Por idéntica razón, los ingresos extraordinarios que cualquier provincia aporta al tesoro público en tiempo de guerra deberían guardar la misma proporción respecto a los ingresos extraordinarios de todo el imperio que la que