su manutención entretanto; y que, si caen enfermas y no pueden ser trasladadas, la parroquia que otorgó el certificado debe mantenerlas: nada de todo lo cual puede ser sin un certificado. Razones que se mantendrán proporcionalmente para que las parroquias no concedan certificados en los casos ordinarios; pues es mucho más que una probabilidad equitativa que vuelvan a tener a las personas certificadas, y en peores condiciones». La moraleja de esta observación parece ser que las parroquias donde cualquier hombre pobre va a residir deberían exigir siempre certificados, y que aquellos de los que se propone partir deberían concederlos muy rara vez. > «Hay algo de penoso en este asunto de los certificados —dice el mismo y muy inteligente autor en su Historia de las Leyes de Pobres—, al poner en manos de un oficial parroquial el poder de encarcelar a un hombre, por decirlo así, de por vida; por muy inconveniente que le resulte continuar en aquel lugar donde ha tenido la desgracia de adquirir lo que se llama un derecho de vecindad, o cualquier ventaja que pueda proponerse vivir en otra
Aunque un certificado no conlleva ningún testimonio de buena conducta y no certifica nada más que la persona pertenece a la parroquia a la que realmente pertenece, queda totalmente a discreción de los oficiales parroquiales concederlo o negarlo.
Una vez se solicitó un mandamiento judicial (mandamus), dice el doctor Burn, para obligar a los guardianes de la iglesia y a los supervisores a firmar un certificado; pero el tribunal del King’s Bench rechazó la moción por considerarla un intento muy extrañísimo.