Al extender el sistema británico de tributación a todas las diferentes provincias del imperio habitadas por personas de origen británico o europeo, cabría esperar un aumento mucho mayor de los ingresos.
Esto, sin embargo, difícilmente podría hacerse, de manera congruente con los principios de la constitución británica, sin admitir en el parlamento británico —o, si se prefiere, en los estados generales del imperio británico— una representación justa y equitativa de todas esas diferentes provincias, de modo que la de cada provincia guardase con el producto de sus impuestos la misma proporción que la representación de la Gran Bretaña pudiera guardar con el producto de los impuestos recaudados en la Gran Bretaña.
El interés particular de muchos individuos poderosos y los arraigados prejuicios de grandes masas populares parecen, en verdad, oponer hoy por hoy a un cambio tan grande obstáculos que acaso resulte muy difícil, si no del todo imposible, superar.
Sin pretender determinar, empero, si dicha unión es practicable o impracticable, tal vez no sea impropio, en una obra especulativa de esta índole, examinar hasta qué punto el sistema británico de tributación podría aplicarse a todas las diferentes provincias del imperio; qué ingresos cabría esperar de él en tal caso, y de qué manera una unión general de esta naturaleza podría influir en la felicidad y la prosperidad de las diferentes provincias comprendidas en ella.
Una especulación semejante no puede considerarse, en el peor de los casos, sino como una nueva Utopía, ciertamente menos entretenida, pero no más inútil y quimérica que la antigua.
El impuesto territorial, los derechos de timbre y los diferentes derechos de aduanas y de consumo (excise), constituyen las cuatro ramas principales de los impuestos británicos.