Las personas que acudían a él en busca de justicia siempre estaban dispuestas a pagarla, y un presente nunca dejaba de acompañar a una petición. Además, una vez que la autoridad del soberano quedó firmemente establecida, la persona declarada culpable, aparte de la reparación que estaba obligada a hacer a la otra parte, se veía asimismo abocada a pagar una multa al soberano. Había ocasionado molestias, había alterado, había quebrantado la paz de su señor el rey, y por esas ofensas se consideraba debida una multa. En los gobiernos tártaros de Asia, en los gobiernos de Europa fundados por las naciones germánicas y escitas que derrocaron el imperio romano, la administración de justicia era una fuente considerable de ingresos, tanto para el soberano como para todos los jefes menores o señores que ejercían bajo su mando alguna jurisdicción particular, ya fuera sobre alguna tribu o clan determinado, ya sobre algún territorio o distrito concreto. Originariamente, tanto el soberano como los jefes inferiores solían ejercer esta jurisdicción por sí mismos. Más tarde, universalmente consideraron conveniente delegarla en algún sustituto, alguacil o juez. No obstante, este sustituto seguía estando obligado a rendir cuentas a su mandante o constituyente de los beneficios de la jurisdicción. Quienquiera que lea las instrucciones que se dieron a los jueces de circuito en tiempos de Enrique II verá claramente que dichos jueces eran una especie de factores itinerantes, enviados por el país con el propósito de recaudar ciertos ramos de la renta del rey. En aquellos días, la administración de justicia no solo proporcionaba una renta segura al soberano, sino que procurarse esta renta parece haber sido una de las principales ventajas que este se proponía obtener mediante la administración de justicia.
Este sistema de supeditar la administración de justicia a los propósitos de la recaudación fiscal difícilmente podía dejar de producir varios abusos