renta ordinaria íntegra que el soberano obtenía de su soberanía, no podía esperarse razonablemente, ni siquiera proponerse con decencia, que tuviera que renunciar a ellos por completo. Podía proponerse, y con frecuencia se propuso, que los regulase y determinase. Pero una vez que hubiesen sido así regulados y determinados, cómo impedir que una persona todopoderosa los extendiera más allá de dichas regulaciones era todavía muy difícil, por no decir imposible. Durante la persistencia de este estado de cosas, por consiguiente, la corrupción de la justicia, derivada naturalmente de la naturaleza arbitraria e in cierta de dichos presentes, difícilmente admitía remedio eficaz alguno.
Pero cuando por causas diversas, principalmente por el gasto continuamente creciente de defender a la nación contra la invasión de otras naciones, el patrimonio privado del soberano se volvió del todo insuficiente para sufragar los gastos de la soberanía; y cuando se hizo necesario que el pueblo contribuyera, para su propia seguridad, a este gasto mediante impuestos de diversa índole, parece haberse estipulado de manera muy general que ningún presente por la administración de justicia debía ser aceptado, bajo ningún pretexto, ni por el soberano ni por sus alguaciles y sustitutos, los jueces.
Se suponía, al parecer, que dichos presentes podían abolirse por completo con mayor facilidad que regularse y fijarse de manera efectiva.
Se asignaron salarios fijos a los jueces, los cuales debían compensarles la pérdida de lo que hubiera podido ser su parte de los antiguos emolumentos de la justicia; así como los impuestos compensaban con creces al soberano por la pérdida de los suyos.
Se decía entonces que la justicia se administraba gratuitamente.
La justicia, sin embargo, nunca ha sido administrada en realidad gratuitamente en ningún país.